Procuraduría profirió cargos contra exsecretario de la Corporación Autónoma de Santander por irregularidades en un contrato

Este jueves 1 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Edwin Alberto Ávila Ramos, quien se desempeñó como secretario general de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) entre 2012 y 2016, por omitir, supuestamente, algunos requerimientos en un contrato que impidieron planeación correcta de un sistema de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos para el municipio de Oiba.

El Ministerio Público evidenció que el exfuncionario del CAS participó del trámite preparatorio a la celebración de un contrato, en el que no habría cumplido con su deber de realizar los estudios previos para este sistema de aprovechamiento, y en su lugar suscribió un documento encaminado en sumar esfuerzos, lo que retrasó el desarrollo del proyecto en más de cinco años.

“Ávila Ramos pudo ver comprometida su responsabilidad disciplinaria, al posiblemente pasar por alto requerimientos de infraestructura para el suministro de los servicios públicos domiciliarios, Ia correspondiente licencia de construcción, vías de acceso para el predio en el que se realizaría y determinar el nivel de amenaza o riesgo por inestabilidad del terreno”, señaló el órgano de control.

Asimismo, el Ministerio Público evidenció que el exfuncionario habría firmado un documento en el que la entidad, que tiene como propósito ejecutar las políticas, programas y proyectos sobre el medio ambiente y recursos naturales en el departamento, y el municipio de Oiba expresaron la necesidad de disponer del sistema, no obstante, la deficiencia de los estudios previos no permitió la planeación correcta, ni la ejecución, lo que perjudicó a la comunidad.

De igual manera, la Procuraduría profirió cargos contra el subdirector de planeación y ordenamiento ambiental de la entidad municipal, Luis Francisco Olivares, quien se desempeñó en este cargo entre 2012 y 2016, por presunta desatención de sus deberes, y calificó la aparente conducta de los servidores como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima de manera provisional.

El pasado16 de julio, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exvicepresidente técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, José William Garzón Solís, por una presunta omisión que habría generado daños fiscales a la entidad por cerca de $2.798.000.000.

El Ministerio Público, a través de la delegada disciplinaria de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública, evidenció que Garzón Solís, quien se desempeñó en el cargo entre 2015 - 2016, al parecer omitió el deber de exigir un estudio técnico detallado vinculado a la verificación de la estructura de los topes a perforar y hacer cumplir las leyes cada una de las etapas de un proyecto de extracción de hidrocarburos.

El órgano de control señaló que al parecer “por su falta de adecuada diligencia y vigilancia, Garzón Solís avaló y en todo caso suscribió el contrato No. 294 de 2015″ y que tampoco “adelantó una exhaustiva revisión y cumplimiento de los requisitos técnicos precontractuales que habrían de haberse requerido”, lo que terminó por representar un riesgo en la perforación en “roca ígea” en el pozo Las Lauras, ubicado en el departamento de Córdoba.

El Ministerio Público calificó provisionalmente la aparente conducta de Garzón Solís, quien había participado de la etapa contractual y desempeñaba un rol como ordenador del gasto cuando desempeñó este cargo, calificó provisionalmente la aparente conducta del disciplinable como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

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