Informe de Pares detalla los riesgos que se viven en la frontera colombo-venezolana

En el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), ‘Transitar y Habitar la frontera colombo-venezolana, una geografía violenta en Norte de Santander y Arauca’, se detalla que las comunidades que viven cerca de la frontera colombo-venezolana enfrentan una dramática situación y viven en un peligro constante.

La organización, que nació con la intención de contribuir a la defensa del Estado social de derecho y a la transformación de la democracia en Colombia, indicó que las personas que transitan y habitan la frontera están en riesgo por cuenta de los enfrentamientos entre distintas estructuras armadas ilegales, las economías del narcotráfico, las rentas extorsivas, la debilidad institucional y la falta de coordinación entre los Estados de Colombia y Venezuela, para buscar alternativas tendientes a mitigar la situación de vulnerabilidad y riesgo de sus poblaciones.

En la frontera, al día de hoy, hay presencia del Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y otros grupos más como el cartel de Sinaloa, La Frontera, La Línea, el EPL y El Tren de Aragua.

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En cifras concretas, Pares indicó que en 2021 fueron desplazadas de los 35 municipios colombianos que tienen frontera con Venezuela 10.166 personas y comparó ese dato sustentado que desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2022 fueron desplazadas 12.2091 personas en los mismos municipios. Es decir, en tan solo los primeros siete meses del año se superó la totalidad del año anterior.

De acuerdo con la investigación, los municipios de Arauquita y Saravena concentraron la mayor parte de este incremento, debido a las fuertes confrontaciones experimentadas entre el ELN y los Grupos Armados post-Farc como las disidencias del Frente 10 y del 28.

A su vez, desde el 1 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2022, fueron asesinados 39 líderes y lideresas sociales en los 35 municipios de frontera, 26 de estos líderes, es decir, el 66,6%, fueron ultimados en los departamentos de Norte de Santander y Arauca. “Esta es tan solo una muestra de la grave situación que atraviesan las poblaciones fronterizas”, explicó Pares.

En cuanto a las economías ilegales que se presentan en la frontera de Colombia con Venezuela, Pares detalló que existen impuestos a las bebidas alcohólicas, a los alimentos procesados que ingresan a la zona y a cualquier tipo de distribución de producto en la región, también hay impuesto a las obras públicas, al corozo de palma, al paso de transeúntes por las trochas y a cualquier tipo de mercancía que tenga como destino Colombia o Venezuela.

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Una de las poblaciones más afectadas en la frontera de los dos países son las niñas, adolescentes y mujeres colombianas y venezolanas. Pares manifestó que estuvieron más expuestas a ser víctimas de: violencia sexual como estrategia para crear terror, tráfico de personas con fines de explotación sexual y esclavitud para labores domésticas por parte de grupos ilegales que aprovechan las condiciones de impunidad y la debilidad de control territorial en los dos países.

Así mismo se han visto afectados los pueblos indígenas por el conflicto armado y el abandono estatal. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, durante el primer trimestre de 2022, Norte de Santander fue uno de los departamentos donde más afectaciones, propias de las dinámicas del conflicto armado, se presentaron hacia pueblos indígenas.

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