Fiscalía le pasa a la Contraloría el caso de las nóminas paralelas

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, fue al búnker de la Fiscalía General de la Nación este 1 de septiembre para entregar una serie de documentos que demostrarían, según él, irregularidades en las contrataciones de varias entidades del Estado en 2021 y 2022, y que constituirían nóminas paralelas por contratación de personal por una suma de unos 4,5 billones de pesos.

Lizcano había anticipado en la mañana del sábado que presentaría ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia formal del actual Gobierno en contra de las nóminas paralelas. “Están en casi todo el Estado ... pero hay que explicarlo bien porque no todo el que tenga un contrato de prestación de servicios es una nómina paralela ... lo que sí estamos planteando es que una persona no pueda tener más de dos de estos contratos con el Estado”, dijo en ese momento.

Una vez cumplida la diligencia, señaló que encontró una política laxa en la supervisión de contratos de prestación de servicios y que constató que algunas personas son beneficiarias de varios contratos en distintas entidades públicas.

“Encontramos que hay muchos objetos de contratos que son similares a los que los funcionarios públicos ejercen. Encontramos que hay laxidad en la supervisión de dichos contratos, es decir, que los supervisores no están ejerciendo”, dijo Lizcano. No obstante, también añadió que la información todavía no es precisa ni veraz, ya que fue entregada por personas que manifestaron haber notado las irregularidades. “La información brindada hace parte de los datos no verificados de personas que manifestaron presuntas irregularidades sin precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, que en todo caso entrarán a realizar las verificaciones de rigor en el futuro”.

Sin embargo, la Fiscalía anunció a través de un comunicado de prensa que remitirá la información suministrada a la Contraloría General de la República, para que desde allí se establezca la necesidad de realizar o no una auditoria sobre los contratos en cuestión y que, de encontrarse alguna irregularidad, se adelanten las respectivas investigaciones penales.

“La Fiscalía General de la Nación remitirá la información a la Contraloría General de la República para que de acuerdo a sus funciones, de considerarlo necesario, establezca la auditoría a los contratos que presenten irregularidades y de encontrarse algún hallazgo se haga la compulsa de copias a la Fiscalía para adelantar las acciones investigativas de carácter penal que procedan”, dijo el ente acusador en su comunicado.

Por otro lado, Lizcano también pudo identificar lo que para él es un alto número de consejerías: “Encontramos una Presidencia, administrativamente hablando, muy robusta y con altos costos. Encontramos 12 altas consejerías y una alta cantidad de cargos”, dijo para Red+ Noticias.

¿Qué son las nóminas paralelas?

Cabe recordar que las nóminas paralelas son contratos de prestación de servicios que se celebran con las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Guardando concordancia con lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política en cuanto autoriza que los particulares temporalmente desempeñen funciones públicas.

Ahora bien, el contrato de prestación de servicios es una de las formas excepcionales y temporales a través de la cual los particulares pueden desempeñar funciones públicas, y su fin es satisfacer necesidades especiales de la administración que no pueden estar previstas en la planta de personal.

Sin embargo, el problema con estas viene cuando, según Lizcano, “una misma persona tiene hasta 30 contratos por prestación de servicios con el Estado, eso lo vamos a controlar”. Ya anteriormente Lizcano había señalado a los medios de comunicación que “lo que vamos a eliminar es a contratistas que no están haciendo nada, personas que tienen 10, 20 y 30 contratos con el Estado; la burocracia”.

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