Tribunal Superior de Bogotá descarta una red criminal dentro de la JEP, tal como lo había sugerido la Fiscalía

Este jueves 1 de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá descartó la existencia de una red criminal dentro de la Justicia Especial para la Paz (JEP), tal como lo había sugerido la Fiscalía General de la Nación en 2019, cuando se destapó el escándalo de corrupción que involucraba a un funcionario de la justicia transicional.

La Sala Plena concluyó que el exfiscal de la JEP Julián Bermeo, quien apareció en unos videos negociando, presuntamente, la extradición del excomandante de la desmovilizada guerrilla de las FARC, Seuxis Paucías, conocido con el alias de Jesús Santrich, era responsable por el delito de soborno; sin embargo, aclaró que esta conducta se dio de manera individual, sin el apoyo de otro funcionario de la JEP”.

“En marzo de 2019, la Fiscalía General de la Nación manifestó a los medios de comunicación que en la JEP existía ‘una empresa criminal dedicada a afectar procesos judiciales en Bogotá y otras ciudades del país’, lo cual afectó de manera grave la imagen de esta Jurisdicción, pese a que nunca se demostró la participación de funcionarios distintos a Bermeo”, señaló el tribunal de paz.

La Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, denunció la existencia de una presunta empresa criminal dentro de la justicia transicional, como un concierto para delinquir agravado, lo que fue rechazado por el Tribunal Superior de Bogotá, que señaló que esta conducta no encajaba en la descripción del delito, debido a que se requería la existencia de un “acuerdo de voluntades entre varias personas y que tenga como propósito la comisión de delitos indeterminados con vocación de permanencia”.

A su vez, la Sala Plena determinó que la imputación había sido “general y vaga” en la que no se precisaron circunstancias en las que se ejecutó un supuesto delito de tráfico de influencias, llamando la atención que no se adelantaron actividades investigativas, encaminadas a recoger evidencias físicas que corroboraran esta conducta o la que buscaría afectar el trámite procesal del excomandante de las FARC, quien murió en mayo de 2021.

“El Tribunal Superior de Bogotá afirmó que los elementos de este delito ‘quedaron huérfanos de prueba’, pues la Fiscalía ‘ni siquiera especificó cuál fue la conducta que desplego el acriminado, a quien concretamente influenció y si esta se soportó en la mayor jerarquía o autoridad en quien pretendía influenciar’. Todo lo anterior significa que el señor Bermeo, exfuncionario de la JEP, no tenía ningún tipo de posibilidad de influir o afectar el estudio procesal del caso Santrich en la Jurisdicción”, señaló la JEP.

Por último, la JEP reiteró que el tribunal demostró de manera contundente que en la conducta del exfiscal Bermeo no participó ningún otro funcionario, ni que existió una red tribunal en la justicia transicional, ni que hubo intervenciones en el caso Santrich “como se manifestó de manera malintencionada por quienes quisieron afectar gravemente la imagen de esta Jurisdicción y torpedear la implementación del Acuerdo Final en Colombia, quedando en evidencia que su actuar fue individual o una actuación en solitario”.

Bermeo fue capturado junto al senador Luis Alberto ‘Tuerto’ Gil Castillo, el 1 de marzo de 2019, casi un año después de la captura de Santrich. De acuerdo con la Fiscalía, ambos habrían acordado un pago por medio millón de dólares para frenar la extradición del exjefe guerrillero a los Estados Unidos, acusado de conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país; sin embargo, esta hipótesis no fue evidenciada por el Tribunal Superior de Bogotá.

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