Por escándalo de Hidroituango, Fiscalía imputó a tres exfuncionarios de Empresas Públicas

Avanzando con el caso por la emergencia presentada en Hidroituango en 208, la Fiscalía General de la Nación imputó tres exfuncionarios de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) por presuntas irregularidades en la contratación del proyecto. Los acusados son Luis Vélez, exjefe del área de proyectos de EPM; Wilson Chinchilla, exvicepresidente ejecutivo de proyectos e ingeniería; y Álvaro Ospina, exdirector de desarrollo del proyecto Ituango.

El ente acusador presentó ante la Corte Suprema de Justicia material probatorio que da cuenta de que Vélez, Chinchilla y Ospina participaron en el trámite y celebración de contratos para ejecutar la desviación del río Cauca, pero las obras estaban por fuera de lo diseñado y licenciado. Se pretendía construir un tercer túnel o galería auxiliar como parte de las obras de desviación sin autorización.

La investigación indica que durante el desarrollo de esta obra se presentaron retrasos relacionados con la entrada en operación de la primera unidad generadora de energía. Este hecho se atribuye a falta de planeación en la construcción de las obras de desviación del proyecto, las cuales en el diseño inicial estuvo previsto a través de dos túneles para la desviación del Río Cauca, obras a cargo del consorcio CTIFS.

Tales retrasos, entre otras irregularidades, dieron lugar a la contratación de lo que llamaron Sistema Auxiliar de Desviación del Río Cauca y sus obras anexas que comprendían la construcción de un tercer túnel o galería auxiliar, además de la terminación de otras obras que pasaron al Consorcio CCC Ituango. Para la Fiscalía esta contratación se adelantó mediante actas de modificación bilateral al contrato de obras principales del proyecto hidroeléctrico, a partir del 22 de diciembre de 2015.

Así las cosas, además de haber irregularidad en la contratación, se habrían generado sobrecostos por una suma cercana a los 400.000 millones de pesos.

Por estos hechos la Fiscalía les imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

La Fiscalía General de la Nación sigue buscando pistas que lleven a encontrar culpables por lo ocurrido en el caso Hidroituango. El pasado 22 de agosto un grupo élite del ente acusador llegó a la oficina de la Alcaldía de Medellín solicitando a la Secretaría Privada las actas de los consejos de gobierno de las administraciones del exalcalde de Medellín Alonso Salazar Jaramillo, y del hoy gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa.

Las fechas de las actas que solicitaron corresponden a los periodos desde 2008 a 2019 haciendo énfasis en 2008 al 2011, cuando se hizo toda la contratación de Hidroituango. También están pidiendo delegación en las juntas de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Simultáneamente, la Fiscalía les formuló pliego de cargos al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, el exgerente de IDEA, Álvaro Vásquez; el exalcalde de Medellín Alonso Salazar y el exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Federico Restrepo.

Tras conocerse esta noticia, el actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que aún faltan más personas por caer en este caso, haciendo referencia a los involucrados por los múltiples problemas que se registraron en el megaproyecto. Cabe recordar que Hidroituango ha sido una de las banderas de Quintero y en lo que va de su mandato ha logrado recuperar una importante cantidad de recursos económicos de este megaproyecto.

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