Iván Cepeda se refiere al proyecto de Ley de paz como política de Estado y afirma que “Nadie ha planteado ‘zonas de despeje’ o ‘caguanes’”

La Ley de Orden Público, en caso de aprobarse en el Congreso, convierte a la paz en una política de Estado. Así lo anunció el ministro del Interior, Alfonso Prada, el pasado martes 30 de agosto, cuando fue radicada ante el Legislativo este proyecto que sería el primer gran mensaje de respaldo a la paz total, bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro.

La iniciativa contempla la incorporación del concepto de seguridad humana, así como la entrega de facultades al Gobierno para entrar en negociaciones con diferentes actores armados y la creación de acuerdos. En ese sentido, plantea también la creación de un gabinete de paz que reúna a todos los ministerios y la consolidación del servicio social para la paz como alternativa al militar obligatorio.

Todos esos planteamientos estaban contemplados en el programa de gobierno de Gustavo Petro y la actual vicepresidenta, Francia Márquez; sin embargo, hay críticas desde diferentes sectores políticos (sobre todo de la oposición) por la forma en que se abordarán los diálogos y procesos de paz con diferentes estructuras ilegales, aseverando que se crearán zonas de distensión similares a la creada en el gobierno de Andrés Pastrana para el fin del conflicto con las extintas (no por este sino por el Acuerdo Final de 2016) Farc-EP.

Al respecto, quien salió a desmentir esto fue el senador Iván Cepeda, manifestando en su cuenta de Twitter que “la base de la crítica es la veracidad” desmintiendo de paso dichas afirmaciones.

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Asimismo, el congresista del Pacto Histórico señaló que “nadie ha planteado ‘zonas de despeje’ o ‘caguanes’. En cambio, en el proyecto de Ley de paz se habla de las zonas de ubicación que sirvieron para reincorporar a las FARC”, haciendo referencia a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización —ZVTN— y los siete Puntos Transitorios de Normalización.

El Acuerdo Final de Paz estableció que las 20 zonas rurales de normalización tenían por objeto garantizar el cese al fuego bilateral y definitivo entre los guerrilleros reincorporados de las antiguas Farc y las fuerzas del Estado “e iniciar el proceso de preparación para la Reincorporación a la vida civil” de los excombatientes en materia política, social y económica.

Además, dichos territorios fueron temporales y transitorios, definidos y delimitados previamente entre el Gobierno nacional y la extinta guerrilla, y contaron con el apoyo del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. También se estableció que durante la vigencia de estas ZVTN quedó suspendido el porte y tenencia de armas para quienes estuvieron dentro de esos espacios.

En esa medida, se espera que dentro de la promulgación del proyecto de Ley de Orden Público se vuelvan a habilitar estos entornos bajo acuerdos del Gobierno nacional y las estructuras armadas que acepten negociar.

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Asimismo, vale indicar que una vez fueron desmontadas las ZVTN, los reinsertados pasaron a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) al mismo tiempo que fueron consolidados los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

De hecho, desde la firma del Acuerdo Final de Paz, han servido para la reincorporación de excombatientes a partir de su ocupación en proyectos productivos.

Vale mencionar que en el documento pactado en La Habana y firmado en el Teatro Colón de Bogotá, son precisados seis objetivos con respecto a los PDET, entre ellos el desarrollo de la economía familiar y campesina; el desarrollo e integración de las regiones más golpeadas y abandonadas por el conflicto armado; la protección de la riqueza multicultural y pluriétnica; “el bienestar y buen vivir de la población en zonas rurales” haciendo efectivos sus derechos políticos; el reconocimiento de las organizaciones comunales, incluyendo las de mujeres campesinas, y “hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en el que todos y todas trabajan alrededor de un propósito común”.

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