El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende generar seis mil empleos en el ente acusador.
Francisco Barbosa señaló que la iniciativa tiene que ver con el fortalecimiento de la entidad y recuperar los cargos eliminados por su antecesores mediante el decreto 898 de 2017, que acabó con 5.733 puestos en esa entidad.
El fiscal general de la Nación afirmó que así mismo que se le pide mayor eficiencia al ente acusador y debe asumir diferentes “retos” sea “mutilada”, “como fue mutilada en el año 2017 la Fiscalía General de la Nación, a través de este decreto 898″.
Barbosa señala que el costo de la creación de estos 6.000 puestos se costearan con los “recursos que genera la entidad”, argumentando que “cada año nosotros le entregamos a la SAE entre 8 y 10 billones de pesos de la mafia”.
El fiscal general pide que exista una contraprestación para con la entidad con el fin de fortalecer la lucha contra el crimen tanto nacionalmente como en el ámbito transnacional.
De igual manera, Barbosa señaló que los nuevos cargos servirán para el esclarecimiento y sometimiento de bandas criminales gracias a las investigaciones que lleven a cabo en la entidad.
El jefe de esa entidad señaló que los 6.000 nuevos cargos podrían apoyar las investigaciones que se lleven en la Comisión de la Verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre todo lo que tiene que ver con el asesinato de líderes sociales
Finalmente, el fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que los cargos que se creen a partir de este proyecto de ley se otorgarían mediante concurso.
Empleados de la Fiscalía presiones y determinaciones injustificadas
Trabajadores de la Fiscalía General de la Nación siguen quejándose de abusos, presiones y determinaciones injustificadas, al punto que se han elevado demandas y se han enviado cartas ante la rama judicial, incluso, ante el Ministerio del Trabajo, acusando y mostrando los presuntos vejámenes y presiones de los que son objeto. Varios funcionarios optan por quedarse callados, le comentan fuentes a Infobae, por temor a represalias, y otros deciden emprender acciones jurídicas en busca de la protección de sus derechos.
Al igual que se reseñó las presiones y abusos que sufren los periodistas de la Dirección de Comunicaciones de la entidad, por parte de la líder de esta dependencia, queja que se elevó ante el Ministerio de Trabajo, ahora se conoció la demanda que interpuso Jhon Arley Rodríguez Romero, agente de la Unidad Investigativa del Grupo de Administración Pública, fue reubicado al grupo GAULA, determinación que consideró ilegal, principalmente por que no tenían justificación.
Según el fallo del Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Sincelejo, la Dirección Seccional de Fiscalía Sucre, mediante la resolución número 0158 del 19 de octubre del 2020, ordenó el traslado del funcionario, el cual fue ratificado en otra resolución, 0173 del 27 de octubre del 2020.
“En el caso que nos ocupa, observa el despacho que el cargo de Técnico Investigador I, adscrito a la Unidad Investigativa Grupo de administración Pública, que ocupaba el demandante, fue reubicado de la Unidad Investigativa Grupo de Administración Pública de Sincelejo al grupo CTI Gaula de Sincelejo, por razones del servicio, situación que dio origen a la presente demanda y a la solicitud de suspensión provisional de los actos que ordenaron dicha reubicación, al considerar el demandante, que los mismos fueron expedidos (i) con infracción de las normas en que deberían fundarse y (ii) por ser expedidas de manera irregular al carecer de motivación, haciendo alusión al artículo 92 del Decreto 021 del 2014, por el cual se expide el régimen de las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los servidores Públicos de la Fiscalía General de la Nación, dicta que: “la reubicación de un empleo se realizará por necesidades del servicio y mediante acto administrativo motivado”., señala.
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