Ministerio de Agricultura aseguró que no se prohibirá la exportación de ganado colombiano

El martes 30 de agosto se realizó la primera audiencia pública en el Congreso de la República sobre exportación de animales vivos y se conoció la posición del Gobierno Nacional frente a este proyecto de ley que busca prohibir este tipo de acciones desde Colombia.

Fue radicado por la senadora del Partido Verde, Andrea Padilla, con el objetivo de “Erradicar el sufrimiento extremo e innecesario que se les causa a los animales que son exportados vivos o en pie por vía marítima”.

Por su parte, Cecila López, ministra de Agricultura, precisó tres compromisos en específico que estudiará el gobierno para la iniciativa de la congresista. El primero de ellos, “es crear el grupo de trabajo para hacer el estudio de la propuesta de desarrollo del sector ganadero como un todo y allí habrá un equipo de gobierno e invitamos a todos los actores que tienen voz en el sector ganadero para construir esa estrategia de desarrollo de la ganadería con los criterios para que sea sostenible y reduzcamos la tierra a lo que debería ser para la ganadería”.

En segundo lugar, la jefe de cartera explicó que no se prohibirán las exportaciones en general del sector, “es un compromiso del GAD, es un artículo claro de un compromiso internacional, lo que el gobierno puede hacer en algún caso es decidir temporalmente, entonces es un compromiso que adquirimos con el equipo de gente que apoya este proyecto”, indicó López.

Por esta misma razón, la ministra de Agricultura aseguró que desde el Gobierno Nacional se realizarán unas visitas para seguir de cerca la situación, si se cumplen o no las normas del ICA para la exportación. En caso de encontrar problemas serios, se haría un decreto para suspender temporalmente hasta que se ajusten los procesos.

El tercer y último compromiso se trata de terminar con el contrabando de la fauna en el Colombia, para parar y controlar el comercio ilegal en el mundo, una practica en la que sufren los animales.

Por otro lado, el Presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, declaró: “Esto fue un debate que permitió una reflexión a fondo no solo de lo que implican las exportaciones animales en pie, si no que yo creo que aquí le quedó claro al Gobierno y al Congreso, la importancia de un sector que bien tratado puede ser la solución entre otras cosas para la balanza de pagos en Colombia”.

En cuánto a la senadora Andrea Padilla, quien manifestó a W Radio su preocupación sobre la postura del la ministra de Agricultura, al no encontrar respuestas ni argumentos en la cartera agrícola sobre el por qué se debe seguir exportando animales en pie desde Colombia, pidió ayuda al Ministerio del Interior para que la discusión sobre el proyecto de ley sea más abierta y argumentativa.

Ministra de Agricultura descarta la elaboración de un proyecto de reforma agraria en el Gobierno del presidente Petro

Desde su campaña, el presidente Gustavo Petro ha insistido en la necesidad de implementar una reforma agraria en el país, iniciativa replicada por la ministra de Agricultura, Cecilia López, enfatizando en el apremio por una equitativa distribución de la tierra y de entregarle territorios a quienes fueron víctimas del conflicto armado interno para que sean producidos.

De hecho, recientemente se ha hablado de la intención de esta cartera en presentar ante el Legislativo un proyecto de reforma agraria; sin embargo, la misma López anunció durante el domingo 28 de agosto que queda descartada la presentación de una iniciativa de reforma por parte del Gobierno nacional, argumentando que ya se cuentan con las herramientas y la jurisprudencia necesaria para implementar una en el país.

La ministra López indicó que dentro de las otras herramientas está el decreto 902 de mayo de 2017, donde se establecen “medidas para facilitar la implementación de la reforma rural integral en materia de acceso y formalización de tierras” respetando los derechos adquiridos y demás garantías constitucionales de las comunidades indígenas. De hecho, esta resolución va ligada a la RRI estipulada en el Acuerdo de Paz, que guarda un enfoque diferencial y de género a la hora de acceder a las tierras y créditos para obtenerlas.

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