JEP cita a juez penal militar que trabajó en el Meta durante la época de los ‘falsos positivos’

En medio de las nuevas comparecencias a las que ha citado recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde se espera la asistencia de varios altos oficiales del Ejército, también fue citado un funcionario de la Justicia Penal Militar que trabajaba en el departamento del Meta para la época en que se reportaron los mal llamados ‘falsos positivos’, la perversa práctica que usaron, durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe, algunos militares para ganar prebendas presentando como bajas en combate a civiles y guerrilleros en situación de indefensión que previamente habían asesinado a sangre fría.

Según informaron en la emisora La W Radio se trata de Agustín Hurtado Garzón, otrora Juez 93 de la mencionada jurisdicción de esa fuerza armada y que estuvo adscrita al Batallón Pantano de Vargas, donde se tienen documentado casos de esos crímenes de los que se tiene la escabrosa cifra de 6.402 en todo el territorio nacional.

En el mismo medio radial explicaron que el funcionario de la Justicia Penal Militar sabría de varios de estos homicidios que se cometieron en esa sede de los uniformados, algunos incluso en coautoría con miembros de facciones de las extintas Auc.

“Habría conocido diversos casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en el mencionado territorio, dada su calidad de Juez”, citaron en la emisora del documento con el que le hizo el llamado a comparecer al jurista.

La diligencia se programó para el próximo lunes 26 de septiembre y fue expedida por el Sala de Reconocimiento de la justicia transicional.

Esta comparecencia se conoció en medio del anuncio de la JEP sobre que abrirá un nuevo caso en el que investigará los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y otros agentes de Estado en complicidad con paramilitares y terceros civiles durante el conflicto armado colombiano.

“De acuerdo con el Grupo de Análisis de la Información de la JEP, los principales crímenes atribuidos de manera directa a la fuerza pública fueron: homicidios, con 8.345 casos; desplazamiento forzado, 2.904; amenazas 1.638; tortura, 1.249 y desaparición forzada, 1.136″, aseguró la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad del alto tribunal, Belkis Izquierdo, en una rueda de prensa.

El Caso 08 será llamado “crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”, agregó la magistrada.

“Esta Jurisdicción investigará los hechos más graves que no están incluidos dentro de los casos abiertos desde 2019″, dijo Izquierdo.

En ese sentido, el nuevo caso investigará “todas las conductas no amnistiables cometidas de manera directa o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles y que no corresponden con ‘falsos positivos’ (caso 03), victimización de miembros de la Unión Patriótica (caso 06), o que no están siendo investigadas en los casos territoriales (02, 04 y 05)”.

Según la JEP, hay un universo de 15.710 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la fuerza pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado.

En esa línea, explicó la magistrada, “los crímenes abordados en este nuevo macrocaso son los homicidios, masacres, desaparición forzada, desplazamiento forzado, despojo, tortura, amenaza, violencia sexual y detención ilegal”.

Estas “dinámicas de guerra” serán integradas en este macrocaso en el que serán abordadas como “una serie de conductas vinculadas y no como hechos fragmentados”, lo que considera la JEP que facilitará “la comprensión de los crímenes y será más eficiente impartir justicia”.

(Con información de agencias)

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