Hay tensión entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) por la invasión de algunos predios en ciertos puntos del país. Mientras las autoridades piden a las comunidades abandonar las propiedades, quienes las han tomado por la fuerza aseguran que no se irán porque no son invasores, sino que están recuperando lo que les pertenece.
Este choque ha expuesto unas diferencias fuertes entre ambos bandos. Por su parte, el Gobierno Petro les dijo a los indígenas que tienen 48 horas para salir de las propiedades, a lo que ellos respondieron que esas eran las mismas amenazas de los gobiernos anteriores. El CRIC advirtió a las autoridades, pues están dispuestos a defender sus intereses.
“¿48 horas?, ¿Las mismas palabras de otros gobiernos? No se equivoquen, hay escenarios de trabajo del tema, buscando salidas, abordándolo de manera estructural. Cuidado… el panorama es complejo y la determinación de las comunidades se ha construido en más de 48 horas. Evaluamos anuncio”, dijo Edwin Mauricio Capaz, consejero Mayor del CRIC.
El consejo indígena asegura que durante más de 51 años han defendido luchas -que tildan como legítimas- por el acceso a la tierra y el gobierno no puede darle un ultimátum para abandonarlo repentinamente.
Capaz sostiene que la defensa del territorio indígena no implica violencia y mucho menos participación de grupos ilegales, por lo que pidió que se respete la integridad de los ciudadanos y haya sensatez. Expresa que a pesar de las tensiones, siguen teniendo confianza en Petro y la voluntad de diálogo.
“Hemos rechazado todo este tipo de acciones de violencia en torno a esto. Confiamos en que el Gobierno sea sensato y prudente. Hemos rechazado todo intento de involucramiento de grupos armados. Ninguno debe estar en un ejercicio de reclamación de derechos. Nuestras comunidades están haciendo un ejercicio de permanencia, esperamos precisión, no queremos que nos lleven a escenarios que nadie quiere”, sostuvo el consejero mayor del CRIC en dialogo con Blu Radio.
Para llegar a una solución definitiva, los indígenas insistieron en que la reforma agraria debe concretarse pronto. Argumentan que es necesario redistribuir los predios en el país porque es un problema que afecta a todos, no solo a las comunidades indígenas. También resaltan que este es un punto del Acuerdo Final de Paz que no se concretó en el anterior gobierno y ahora Gustavo Petro deberá tramitarlo.
Frente a la reforma, el Gobierno Petro ha dicho que sí está trabajado en la propuesta y que durante este cuatrienio se va a ejecutar el proyecto a fin de saldar “una deuda histórica” con el campesinado colombiano. Pero insiste en que esta no incluye la invasión de tierras.
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En el plan de desarrollo de la nueva administración se indica que se debe democratizar la tierra fértil y el agua “para alimentar a Colombia”. Este proyecto sería impulsado desde la rama ejecutiva como un avance “hacia el cierre de la brecha de desigualdad en la tenencia y uso de la tierra”.
Además, el documento puntualiza que dentro de su ejecución se van a potenciar los recursos establecidos en el Acuerdo Final de Paz, como el Fondo de Tierras y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para la titulación de millones de hectáreas a víctimas del conflicto armado interno con un enfoque diferencial y de género.
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