La Asociación Publico Privada (APP) que construirá el megaproyecto del Canal del Dique ha generado controversia en el país, principalmente entre quienes habitan las orillas de este vertiente del río Magdalena. Ante todos los “pero” que ha tenido el proyecto, la última decisión, tomada por el Gobierno de Gustavo Petro fue suspender el proceso hasta que se con las licencias ambientales necesarias, requisito que podría expedirse en nueve meses.
Este 31 de agosto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dijo que la autorización tardaría, pues más allá de los procesos internos, también depende de la prontitud que tenga el contratista en hacer la solicitud ante la entidad. Una vez se radique el requerimiento, los expertos tienen hasta 90 días hábiles para hacer las investigaciones pertinentes.
Cabe anotar que, además, los expertos pueden prorrogar el plazo que tienen para entregar el resultado otros 60 días calendario. Esto dependerá si requieren al contratista presentar información adicional.
“Como resultado de todas estas valoraciones, análisis, visitas de campo, entre otros, se desprende la decisión de aprobación, negación o archivo de dicha licencia”, afirmó la Anla.
Así las cosas, y en el mejor de los escenarios, se prevé que sería hasta mayo del otro año que se conozca el futuro de esta APP. De hecho, podría tomar más tiempo porque la Anla puede tomarse otros dos o tres meses para citar audiencias públicas.
En el entretanto se hizo claro que no se podrá avanzar en la construcción del megaproyecto. El Congreso de la República será el veedor principal de esta contratación y el pasado 26 de agosto ya creó una comisión accidental con ese objetivo.
Este grupo se instaló en Santa Lucía, Atlántico. Allí aseguraron que más allá de la APP, tendrán como objetivo velar por la situación de emergencia y riesgo por la que atraviesan los municipios y habitantes de la zona sur del departamento del Atlántico.
“Velaremos porque los compromisos del Gobierno se cumplan en los tiempos establecidos, pero, lo más importante ahora es que los habitantes de los municipios del sur sientan la presencia del Estado en esta zona del país. Estas personas han tenido que acostumbrarse a vivir con la amenaza de la tragedia a la vuelta de la esquina y a que sus voces de advertencia no sean escuchadas sino hasta cuando ya es muy tarde”, señaló el representante Dolcey Torres (Partido Liberal).
En la sesión, los ministros de Transporte y Ambiente escucharon a la comunidad que habita a los alrededores del Canal del Dique que han tenido problemas de inundaciones. Líderes del Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre y Córdoba asistieron a esta primera comisión junto a 49 representantes comunitarios.
La comunidad aledaña al Canal del Dique se ha visto afectada por inundaciones durante varios años. La más fuerte ocurrió en 2010, cuando el canal se desbordó y dejó a más de 120.000 familias damnificadas en el sur del Atlántico.
Para evitar tragedias como esta, que podrían volver a suceder este año por la segunda ola de invierno, se ha venido discutiendo la adjudicación del contrato para el proyecto “Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique”. Sin embargo, los costos ambientales serian altos, por lo que las comunidades se oponen.
Con esta nueva comisión se espera que la comunidad sea escucha y que su voz se represente en la implementación de la infraestructura, que tiene una longitud total de 115,5 km, que abarcan la hidrovía, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.
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