Exministras de educación están siendo investigadas por la Fiscalía por tráfico de influencias

Las dos últimas ministras de educación, Yanhet Cristina Giha Tovar, quien salió tras la salida de Juan Manuel Santos, y María Victoria Angulo González, la más reciente jefe de la cartera que también salió tras finalizar el periodo de Iván Duque, son requeridas por la Fiscalía General de la Nación, según la orden judicial, para que respondan por el delito de tráfico de influencias de servidor público. La solicitud se emite por que las autoridades desconocen el paradero de estas exfuncionarias, que a su vez están siendo llamadas por la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino Gutiérrez, fue quien firmó el acto judicial, pues se les abrió investigación, luego del acto condenatorio del senador Eduardo Pulgar, sentenciado, además de tráfico de influencias, por intentar de sobornar al entonces juez municipal de Usiacurí, población del departamento del Atlántico, Andrés Rodríguez Cáez, en el año 2017.

Esto último que quedó grabado, condenó al senador Pulgar a 4 años y 10 meses de prisión, además, obligó a que el juez Rodríguez saliera del país por cuestiones de seguridad, con destino a Canadá.

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Pero el senador Pulgar terminó involucrado en esto por que presuntamente intentó favorecer un proceso para Luis Fernando Acosta Osío, amigo del congresista y que pretendía controlar la Universidad Metropolitana de Barranquilla y su hospital.

Todas estas denuncias que han salido a la luz gracias al periodista Daniel Coronell, que han sido difundidas a través de W Radio, aseguran que una vez que el magistrado Marco Antonio Rueda le dictó sentencia a Eduardo Pulgar, en el proceso se dieron indicios que las exministras, durante sus periodos en la cartera de educación, sostuvieron encuentros con el congresista, reuniones documentadas, las cuales han sido reconocidas tanto por Yanhet Giha, como por María Victoria Angulo, aunque, han asegurado que allí no se trató de influir en ninguna decisión.

Dentro de la solicitud de la Fiscalía solicitan, además de dar con el paradero de las exministras, solicitarle al Departamento Administrativo de la Presidencia que indiquen si María Victroia Angulo aún está con fuero:

La normatividad es clara, según el artículo 411 del Código Penal, “Tráfico de influencias de servidor público”, este delito puede ser condenado de 5 a 12 años de prisión, además de una multa entre los 133 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hasta los 300; además de quedar inhabilitado para ejercer funciones públicas.

Así lo expone el artículo:

Mientras las autoridades buscan a las exministras, a Eduardo Pulgar, que lo trasladaron desde la cárcel La Picota, hacia un batallón militar en Malambo, por cuestiones de seguridad, tras una tutela impuesta contra el Inpec, además del escándalo de los permisos y beneficios concedidos a otros reclusos como Carlos Mattos; seguirá pagando su condena en el fortín y no se descarta que sea requerido para el proceso que se adelanta contra las exministras.

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