En esto consiste la Jurisdicción Agraria y Rural propuesta ante el Congreso de Colombia

En la mañana de este 31 de agosto congresistas del Pacto Histórico y algunos ministros del gabinete de Gustavo Petro radicaron el proyecto de acto legislativo por el cual se establece la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia. Este movimiento es uno de los primeros de esta administración que guarda relación con la reforma agraria -que se espera que se ejecute durante este cuatrienio- y así dar cumplimiento al punto uno del Acuerdo de Paz.

Este proyecto contempla a creación de una Corte Rural con potestad de solucionar los conflictos de tierras que se presentan en el país. Esta misma se encargaría de presentar proyectos de ley que reformarían artículos de la constitución.

Ahora que ya está radicado el proyecto pasara a debate en el Congreso. Una vez se apruebe pasaría a sanción presidencial y allí empezaría implementarse. Se contempla que la jurisdicción entre a funcionar en un término no superior a dos años siguientes a la promulgación del acto legislativo.

Cabe resaltar que la implementación sería progresiva. De aprobarse, mientras se logra consolidar la Corte Rural se habilitaría un régimen de transición de carácter nacional en los términos y condiciones que defina la ley.

Quienes están detrás de este proyecto aseguran que de aprobarse, esta jurisdicción ayudaría a fortalecer la institucionalidad colombiana, pues garantizaría los mínimos vitales de las comunidades y los grupos culturales y étnicos que la habitan.

La nueva figura que se propone en el país implica crear una jurisprudencia dedicada exclusivamente a temas agrarios. La Corte Agraria y Rural se encargaría de revisar las decisiones judiciales que profieran las autoridades judiciales y mediar en los conflictos de competencias en la jurisdicción agraria y rural, que no correspondan a otra autoridad judicial.

La Corte Agraria también contaría con magistrados, que deberán cumplir con los requisitos y calidades básicos con los que se eligen estos cargos tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Consejo de Estado. Además, deberán ser especializados en tierras y “sensibles con la problemática rural del país”.

Esto también implicaría una reestructuración en un número impar de magistrados. Ellos deberán cumplir las siguientes funciones:

— Desempeñar las funciones de Tribunal Supremo y órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural, conforme a las reglas que señale la ley.

— Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales que se profieran por las autoridades judiciales de la jurisdicción agraria y rural.

— Dirimir los conflictos de competencias en la jurisdicción agraria y rural, que no correspondan a otra autoridad judicial.

— Preparar y presentar proyectos de ley y de actos reformatorios de la Constitución, en relación con los asuntos de su competencia.

— Ejercer las demás funciones que determine la ley.

— Darse su propio reglamento.

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