Desde mayo la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra Red Agroecológica Nacional, (ACVC-RAN) viene denunciando que se ha profundizado la crisis humanitaria de las comunidades campesinas del sur de Bolívar, el Valle del Río Cimitarra y el Nordeste Antioqueño, principalmente por la disputa territorial con fines económicos que enfrentan los diferentes grupos armados que hacen presencia en en el Magdalena Medio.
El último hecho victimizante que se presentó en estas comunidades ocurrió el pasado 18 de agosto. En el municipio de Segovia (Antioquia) fueron retenidos de manera ilegal la líder campesina y secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Carme, Yuliana Geleano Luján, quien apareció 20 horas después con vida, y su compañero Elmer Lenin Guerra Castro, quien fue asesinado por hombres armados.
Ambos líderes sociales se movilizaban en dos motocicletas cuando fueron interceptados por uno de los grupos armados ilegales que operan en la zona. Al conocer la situación, las comunidades crearon una comisión de búsqueda por delegados de diferentes veredas para intentar rescatar con vida a estos campesinos.
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Ante esta situación, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra Red Agroecológica Nacional se pronunció el martes 30 de agosto para rechazar estas violaciones a los derechos humanos y enviarle un mensaje al Gobierno de Gustavo Petro.
“La victoria popular genera grandes expectativas y esperanza para las comunidades históricamente excluidas y victimizadas de este territorio. La crisis económica generada por el gobierno anterior que golpea a los más pobres, el incumplimiento del Acuerdo Final de Paz y la profunda crisis humanitaria que atraviesan los territorios, plantean un escenario complejo que el nuevo gobierno debe enfrentar, y que requiere grandes reformas que implican voluntad política, tiempo y trabajo articulado con las comunidades”, se lee en el comunicado.
Para las comunidades campesinas, la ineficacia de los organismos de seguridad del Estado se ve reflejada en los hechos de violencia que se presentan en el sur de Bolívar, como la ubicación de retenes de grupos paramilitares en los centros poblados en los municipios de Simití y San Pablo, “sin que se actúe de manera efectiva y oportuna para neutralizar el accionar de estos grupos que afectan la tranquilidad de las comunidades y sus actividades organizativas, comunitarias y económicas”, señaló la ACVC-RAN.
Hechos victimizantes en el Magdalena Medio
A finales de mayo, una operación del Ejército Nacional de Colombia, en lugar de desactivar los factores de violencia en el territorio, generó el mal trato y temor a la comunidad campesina de la vereda Tamar Bajo del municipio de Remedios en el nordeste antioqueño.
El 17 de junio de 2022 fue hallado el cuerpo sin vida de una persona en el puerto del río Cimitarra, dos días después, el 19 de junio, se encontró otro cuerpo sin vida en el mismo río, que no fue reconocido por los habitantes de la comunidad, este cuerpo duró, aproximadamente, 48 horas sin que las autoridades competentes realizaran el correspondiente levantamiento.
El 22 de junio de 2022 se conoció del asesinato de una persona conocida en la región con el nombre de “Carlos Mechas” en la vereda la Poza municipio de Cantagallo. El 28 de junio 2022 una mujer fue asesinada en una residencia ubicada en el barrio El Prado del casco urbano del municipio de Yondó.
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En julio ocurrieron tres homicidios y un feminicidio a pobladores del municipio de San Pablo. Además, se presentó la quema de un tractor en el Carmen del Cucú, así como un atentado en la vereda el Socorro a la fuerza pública y el asesinato de un campesino de la vereda la Fría, lo que provocó el desplazamiento forzado de su familia, este homicidio dejó cinco niños huérfanos.
En agosto por su parte, fueron asesinadas seis personas en el municipio de San Pablo, como consecuencia de los enfrentamientos entres la Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN.
En su comunicado, la Asociación Campesina finalizó denunciando que durante lo corrido de 2022 se han presentado amenazas a firmantes de paz, se han desplazado forzosamente a varias familias y se han presionado y amenazando a líderes sociales y expropiado sus bienes.
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