Dentro de las primeras labores del nuevo gobierno de Gustavo Petro, puntualmente del ministro de la defensa, Iván Velásquez, se designó la nueva cúpula de las fuerzas militares, el remezón que sacó a decenas de oficiales, a condición de buen retiro, o que fueron llamados a calificar servicios, mientras que muchos otros fueron ascendidos y nombrados en los cargos más importantes de las instituciones castrenses. El pasado 25 de agosto se presentó el listado oficial, y allí aparece el nombre del general Juan Carlos Correa Consuegra, quien fue el comandante de la división de Aviación y Asalto Aéreo durante el operativo en Putumayo, el pasado 28 de marzo, siendo una de las incursiones más señaladas y criticadas del Ejército, por cobrar la vida de 11 civiles.
El inconveniente, específicamente, con el general Juan Carlos Correa Consuegra, fue que él, junto con la general María Paula Leguizamón Zárate (subjefa jurídica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares), fueron los ‘voceros oficiales’ tras el operativo en Puerto Leguizamo; en medio de sus declaraciones a los medios de comunicación del país, defendieron ‘las bajas’ que se cometieron, señalando la legitimidad de dicha incursión.
Solo por recordar parte de las declaraciones que entregó, en ese momento el comandante de la División de Asalto Aéreo, aseguró que la actividad que se realizaba en esta población, no era un bazar, si no actividades ilícitas de unas estructuras de las disidencias de las FARC:
“Esos bazares, que dice usted que estaban realizando, puede que la población lo vea de esta manera, pero la realidad es que son unas actividades ilícitas que realiza la estructura del 48, precisamente, para obtener y comprar la pasta base de coca de los pobladores que tienen cultivando”, señaló el general Correa en Noticias Caracol.
VER TAMBIÉN: Polémica por ascenso del general Correa, vinculado a la muerte de civiles en un bazar comunal en el Putumayo
Tras este operativo, el congreso en su pasada legislatura fue muy severo con las Fuerzas Militares, situación que llevó al debate y un pulso con el gobierno nacional, pero hoy, con una nueva administración, y la que entonces era oposición, ahora, como bancada de Estado, con todas las mayorías, en teoría se esperaba que las designaciones de Gustavo Petro, casi todas, estuvieran respaldadas.
No obstante, el representante a la Cámara, por el departamento del Putumayo (territorio donde se desarrolló el operativo) Andrés Cancimance, por el Pacto Histórico, le está pidiendo al actual gobierno nacional, entre otras cosas, que se reconsidere la designación el general Correa Consuegra, pues es partícipe de lo que el congresista considera como un falso positivo.
En un video, compartido en sus redes sociales aseguró:
“Gustavo Petro, estamos desconcertados con el nombramiento del General Juan C. Correa como inspector general del ejército. Él lideró la operación en la vereda Alto Remanso, Puerto Leguízamo, donde fueron asesinadas 11 personas. Se denunció como falso positivo”.
En su pronunciamiento, asegura que el alto mando fue quien lideró dicho operativo en Puerto Leguizamo, que afectó a las comunidades campesinas, organizaciones sociales y los derechos humanos. Además de pedirle celeridad en el caso al gobierno, le pidió directamente al ministro de la defensa a revisar los hechos y reconsiderar la designación:
“Ministro Iván Velázquez, la vida de las gentes del sur importan, valen. ¿cómo debemos entender esta decisión? invitamos al gobierno nacional a que sea coherente con esa propuesta de la seguridad humana que nos ha propuesto, para construir una nueva versión de país, una nueva versión donde las fuerzas militares sean garantes de la vida y la protección de los derechos humanos; los invitamos a que reconsideren esta decisión”, señaló el representante Cancimance.
Es importante aclarar que la Inspección General del Ejército, explica la misma institución, es un órgano de control que realiza actividades que sean de importancia estratégica para la doctrina militar, con lo que se ejerce verificación, evaluación y seguimiento.
Además, amparados en la Ley 87 de 1993, le da las facultades a esa depndencia para ejercer control en varios ámbitos de la institución:
“La Inspección General del Ejército emplea herramientas y técnicas administrativas que le permiten adelantar de manera independiente, objetiva e imparcial la labor de evaluación y seguimiento sobre la gestión, rendimiento y desempeño de las diferentes áreas y procesos. Por ello, la realización de inspecciones periódicas y las recomendaciones que resultan de estas auditorías se orientan a fortalecer los diferentes procesos que desarrolla el Ejército Nacional desde la perspectiva estratégica, misional y de apoyo”.
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