A través de una rueda de prensa en la tarde de este 30 de agosto, varios funcionarios del gabinete del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se mostraron abiertamente en contra de algunos procesos de ocupación forzosa que están teniendo lugar en zonas rurales del país.
De hecho, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó en el encuentro que “las fuerzas de Policía deben actuar para impedir la ocupación de esos terrenos y dentro de las 48 horas siguientes, como lo consagra la ley, tomar todas las medidas, realizar las acciones necesarias para desalojarlos”.
No obstante, Velásquez añadió que no está diciendo nada que no esté contemplado ya en la legislación colombiana. Si bien el nuevo gabinete privilegia el diálogo sobre el uso de la fuerza, no es lo mismo a tolerar prácticas de invasión. “La ley prevé que dentro de las 48 horas siguientes a una ocupación puede actuar de manera directa la policía. Si se superan las 48 horas, ya tendrá que haber procesos de restitución para que se ordene el desalojo y actuaría la Policía”, explicó el ministro.
“Hay una competencia directa de la Policía Nacional para impedir la ocupación o para proceder al desalojo dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación. Naturalmente que dentro de esas 48 horas siguientes, tenemos también que activar nosotros los mecanismos de diálogo con esas comunidades para que abandonen voluntariamente esos terrenos”, añadió Velásquez.
Por su parte, la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, leyó un comunicado conjunto en el que declaran respeto por la ley y la institucionalidad. Además, confirman al país que se adelantará una reforma agraria y hay disposición de saldar la deuda histórica de equidad en el acceso a la tierra en Colombia, por medio del diálogo para la democratización de la propiedad, un proceso en el que se priorizarán " los colombianos más vulnerables, quienes se encuentran en zonas de alto riesgo, cooperativas, mujeres y jóvenes emprendedores”.
No obstante, “pedimos a los colombianos respetar la tenencia y la propiedad”. Subrayaron que, además de alejarse de los objetivos del Gobierno con respecto al acceso de estos predios, “quienes quieren promover invasiones entorpecen la gestión del Gobierno y esto podría redundar en que sean investigados por parte de las autoridades”.
Por su parte, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, hizo presencia en la rueda de prensa y solicitó “a quienes hoy están, de manera violenta o de manera inadecuada, invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país, para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica. La Constitución demanda la garantía de los derechos sociales, culturales y económicos de todos los colombianos, pero también el respeto a la propiedad privada”.
“La reforma agraria, que busca efectivamente la distribución de la tierra de manera equitativa, de ningún modo avala la violencia, de ningún modo avala la invasión y en ese sentido hacemos el llamado a todos los colombianos y colombianas que han decidido de esa manera hacerlo. Ese no es la manera adecuada, la manera es por medio de una ley, la manera es por medio de las acciones que vamos a ir adelantando, que implican ir garantizando el acceso a la tierra a las familias, a las comunidades, a las mujeres, a los pueblos que hoy no tienen esa garantía en ese sentido”, concluyó Márquez.
No será una ley, sino una reforma agraria
La ministra López Montaño explicó que lo que se adelantará con respecto a la tierra es una reforma que ya tiene bases legales —la Ley 160 de 1994 y el Decreto Ley 102 de 2017—, y que solo requerirán apoyo del legislativo para ajustes específicos.
“En este momento tenemos las leyes necesarias, las normas necesarias para hacer inmediatamente el proceso que empezamos con las tierras de los narcotraficantes, pero seguimos con las aceleraciones y las titulaciones y con movilizar rápidamente el catastro multipropósito, que es un incentivo para acercar el valor de la tierra a su valor comercial y para que empiecen a pagarse impuestos en las regiones. De allí saldrá claramente oferta de tierra que el Estado puede comprar, compitiendo en el mercado de tierras con el sector privado. Esas tierras son las que se van a distribuir, sumados a las otras, a las poblaciones que hoy tienen microfundios y que no pueden tener la capacidad productiva que necesitan”, explicó la ministra.
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