El presidente Gustavo Petro designó a Sandra Milena Urrutia Pérez como nueva ministra de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Ha trabajado en la Contraloría y la Superintendencia de Industria y Comercio como directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.
También se desempeñó como asesora jurídica en la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones (CRC) durante tres años, mismo cargo que ocupó en el Viceministerio de Conectividad y Digitalización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En el sector privado, ha trabajado para Movistar y para la Universidad Externado como docente en el departamento de derecho de las telecomunicaciones.
Es abogada, tiene una maestría en Derecho Administrativo y una especialización en derecho de las telecomunicaciones, sector donde cuenta con 18 años de experiencia. Se espera que en las próximas horas, el presidente Gustavo Petro haga oficial su designación en la cartera, previo al evento de Andicom 2022, el congreso internacional de las TIC más importante de este sector.
Urrutia Pérez, que llegó como ficha del Partido de la U, al igual que Mery Gutiérrez, era una de las más opcionadas a ocupar esta cartera, la cual era la única a la que le faltaba la designación de un ministro.
Con esto se le puso fin a toda la polémica que giraba alrededor de Gutiérrez debido un posible conflicto de interés, cuyo nombramiento se cayó después de que el periodista Daniel Coronell revelara que ella es la accionista mayoritaria de la empresa Programar TV.
La discusión giraba en torno a una demanda que interpuso Programar TV ante la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) ―que fue una entidad del Estado―, luego de que se le dejara por fuera del concurso licitatorio del que hacía parte para la adquisición del Canal UNO.
La razón por la que la inexistente autoridad de televisión dejó por fuera a la empresa sería por, al parecer, unas relaciones quebrantadas entre ambas partes. A pesar de ese argumento, Programar TV consideró que la decisión se tomó de manera arbitraria, pues no habría razones suficientes para dejarlos por fuera del concurso.
Por esta razón, la empresa demandó la decisión adoptada por la ANTV. El problema radica en que, como la autoridad de televisión fue liquidada en el 2019, el caso lo debería asumir el Ministerio de TIC. De esta manera se evidenció un posible conflicto de intereses, pues Mery Gutiérrez sigue siendo la máxima accionista de la empresa que demandó a la extinta entidad del Estado.
Frente a la posibilidad de que exista un conflicto de intereses en este caso, el presidente Gustavo Petro respondió cómo se resolvería esta eventual situación. “Cuando haya conflicto de interés se debe declarar impedida la persona que no actúa en los casos donde exista el conflicto”, sostuvo el primer mandatario.
A la novela se le sumó la carta de respaldo supuestamente del Partido de la U hacia Gutiérrez, que terminó siendo negada por varios congresistas del partido, inclusive por la presidenta de esa colectividad, Dilian Francisca Toro, quién indicó total desconocimiento por el contenido del documento.
“Los congresistas siguen reconociendo en Gutiérrez la idoneidad, experiencia, inteligencia y preparación suficiente para liderar los grandes retos en infraestructura tecnológica propios de esta importante carrera. Asimismo rechazan todo acto de discriminación de la que ha sido víctima una mujer con alto nivel de formación, liderazgo y experiencia”, decía la carta que desconoció el Partido de la U.
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