Nuevamente el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló de justicia restaurativa que busca que se implemente en el país y aludió al ejemplo que dio sobre el tema y que provocó gran polémica: el de los ladrones de celulares que una vez sean judicializados tengan como alternativa a una pena de cárcel, retornarle el dispositivo a su víctima y pagarle seis meses de su plan de voz y datos.
Según informaron en la emisora La W Radio el funcionario se retractó y consideró desafortunada su ilustración porque consiguió algo que no quería y era banalizar ese fenómeno delictivo.
“A mí me parece que (fue) simpático y fácil para la opinión pública, pero ciertamente (terminó siendo) desafortunado en el sentido de que trivializa un poquito a la víctima, y precisamente la justicia restaurativa quiere concentrarse en la reparación, no es tanto hacerle la vida más fácil al victimario, es restaurar plenamente los derechos (de quien es aquejado por ese delito) y que no se (ven reparados) con el sistema punitivo actual”, afirmó.
En el medio radial reiteró que carecía de sentido, para quienes han padecido por los robos y delitos similares, que los malhechores permanecieran en cárceles bajo condiciones que atentan en muchos casos contra la dignidad humana.
“Probablemente las víctimas están tan acostumbradas a no tener voz y que suena como caricaturesco decirles: usted podría ponerse a pensar cómo se sentiría reparada de este delito que cometieron en contra suya”, agregó el ministro.
Y es que Osuna ha reiterado que en el país se cuente con este tipo alternativas a lo punitivo, como sucede en países como Estados Unidos, Canadá y el norte de Europa, donde se ha demostrado su efectividad para reducir la sobrepoblación carcelaria y la congestión en el sistema judicial, dos problemas que aquejan gravemente al país y que ha tenido consecuencias como tragedias humanitarias, solo basta recordar lo que ocurrió en la cárcel de Tuluá (Valle del Cauca) donde murieron en un incendio 56 personas privadas de la libertad.
De acuerdo con Naciones Unidas, este enfoque se define como: “Un proceso para resolver el problema de la delincuencia, enfocándose en la compensación del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones y también, a menudo, involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto”.
Incluso, como lo señaló Yesid Reyes en su artículo para la Revista Cambio, este terminó ya se aplica para algunos casos en Colombia, al menos 50 conductas punibles, entre esas: ”Las lesiones personales con incapacidades inferiores a 60 días, la injuria y la calumnia, las lesiones personales culposas como las que suelen ocurrir en accidentes de tráfico, así como el hurto y la estafa en cuantía inferior a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. La razón detrás de esto se encuentra en el actual Código de Procedimiento Penal que salió en el 2004.
Adicionalmente; y como lo mencionó Rodrigo Uprimmy, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, a nivel internacional se ha demostrado que la justicia punitiva no funciona de la forma esperada, por lo que otros países han optado por reenfocar su sistema y han obtenido buenos resultados.
“Los resultados de la justicia restaurativa, conforme a ciertas evaluaciones, como la realizada por la Universidad de Sheffield de tres programas en Inglaterra, son prometedores en términos de mayor satisfacción para las víctimas y reducción de la reincidencia”, escribió en un artículo para El Espectador.
Pese a los argumentos anteriores, para algunos el problema ha sido el mensaje transmitido por el ministro que es erróneo, teniendo en cuenta que, si bien puede funcionar, debe pensarse de forma cuidadosa como aplicaría: “Si el señor no tiene trabajo, a la víctima tampoco le servirá que el ladrón vaya preso. Tenemos que pensar en trabajo social”, puntualizó el abogado Francisco Bernate, a la Revista Semana.
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