Este martes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la apertura formal del macrocaso 08 que investigará los delitos cometidos por la fuerza pública en conjunto con grupos paramilitares o terceros civiles.
La jurisdicción señaló que el macrocaso abordará estas dinámicas de la guerra como una serie de conductas vinculadas y no como hechos fragmentados, “esto facilitará la comprensión de los crímenes y hará más eficiente impartir justicia”.
Durante la rueda de prensa, Belkis Fiorentina Izquierdo, la presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, sostuvo que se concentrarán en investigar las diversas formas de cooperación entre agentes estatales, integrantes y no integrantes de la fuerza pública y grupos paramilitares.
“No sería coherente por un lado investigar una masacre y por otro el desplazamiento que causó. Investigar la desaparición forzada de manera aislada de asesinatos selectivos, masacres y desplazamientos truncaría las posibilidades del esclarecimiento de la verdad”, señaló la jurisdicción.
El nuevo macrocaso son los homicidios, masacres, desaparición forzada, desplazamiento forzado, despojo, tortura, amenaza, violencia sexual y detención ilegal. “Estas conductas están mencionadas en 184 informes analizados, de los 974 recibidos por la JEP”, indicó la jurisdicción.
A través del caso 08, la JEP investigará los hechos más graves que no están incluidos dentro de los casos abiertos desde 2019, quiere decir que, “todas las conductas no amnistiables cometidas de manera directa o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles y que no corresponden con ‘falsos positivos’ (caso 03), victimización de miembros de la Unión Patriótica (caso 06), o que no están siendo investigadas en los casos territoriales (02, 04 y 05)”.
Asimismo, la JEP aseguró que “al integrar todas estás dinámicas de la guerra en el caso 08, que las aborda como una serie de conductas vinculadas y no como hechos fragmentados, se facilita la comprensión de los crímenes y será más eficiente impartir justicia”.
Según el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, se concentran más de 70 mil hechos victimizantes, de los cuales más de 15 mil se atribuyen a la Fuerza Pública, luego otra cifra agentes del Estado. El total de presuntos responsables que serán investigados, pues es superior a 2800 personas.
Con respecto a los territorios más críticos en donde previamente se enfatizará la investigación del caso 08 son: el Gran Magdalena (Cesar-Guajira-Magdalena); los Montes de María; Ariari-Guayabero-Guaviare, Caguán y Florencia; Antioquia y el Magdalena Medio. A partir de la magnitud de la victimización, el impacto diferenciado de los crímenes, la representatividad de los presuntos responsables, la gravedad de los hechos y la relevancia de los mismos, fueron priorizadas estas cinco zonas.
“Se trata de zonas que fueron de amplia influencia sociopolítica y militar de las guerrillas. Allí confluyeron organizaciones sociales, partidos políticos de oposición, asentamientos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como pobladores urbanos de barrios populares e intereses particulares y estratégicos sobre el territorio”, detalló el organismo.
También fue evidente la inacción de las fuerzas militares en casos como masacres, en los que los paramilitares ejecutaban sus masacres sin que apareciera la autoridad.
De acuerdo al análisis de los informes presentados a la JEP, las cifras preliminares de la investigación indican que hay un total de 15.710 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la fuerza pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado.
Los principales crímenes atribuidos de manera directa a la fuerza pública fueron: homicidios con 8.345 casos; desplazamiento forzado, 2.904; amenazas 1.638; tortura, 1.249 y desaparición forzada, 1.136. Entre 2000 y 2009 se concentra el 51% de los hechos”.
SEGUIR LEYENDO: