JEP afirma que “retención ilegal que sufrió la comitiva de Gustavo Petro en El Tarra no es un hecho aislado”

El pasado 24 de agosto, una caravana de vehículos perteneciente a la avanzada presidencial de Gustavo Petro fue atacada en una vía del municipio de El Tarra, Norte de Santander, luego que los funcionarios del Gobierno nacional omitieran un retén ilegal que había sido instalado por parte de sujetos armados.

El hostigamiento que se presentó contra la caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de verificar la seguridad en esta localidad fronteriza ubicada en la región del Catatumbo, se registró un día antes de la visita del primer mandatario a este territorio históricamente afectado por el accionar violento de los actores armados y el narcotráfico.

“La caravana hizo caso omiso al ‘pare’, motivo por el cual fueron impactados con armas de fuego. El hecho se registró en el sector San Pablo (El Tarra), cuando por lo menos seis sujetos tendrían instalado un retén ilegal”, indicó la Presidencia en un comunicado en el que explicó que en el evento “uno de los vehículos no alcanzó a pasar el retén y otro quedó pinchado”.

En medio del hostigamiento se presentó la retención de dos vehículos y uno de los conductores de la UNP, quien posteriormente fue liberado, lo que generó el rechazo por parte del presidente Gustavo Petro, quien presidió un Consejo de Seguridad en esta localidad, debido a los graves problemas de orden público que se presentan en esta región fronteriza con Venezuela.

En esa oportunidad el mandatario señaló que este tipo de ataques armados se debían acabar en el país, invitando a las agrupaciones ilegales a que dejaran de lado la violencia y a que hicieran parte de la política de paz total, que contempla la salida dialogada y el acogimiento a la justicia de los grupos armados.

“Aunque solo cosas fueron afectadas y se salvaron los seres humanos, el trabajo del gobierno seguirá empeñado en que es hora de la paz”, indicó el primer mandatario.

Ante este caso, que se presume fue cometido por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o de las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC, dos de los grupos armados ilegales que hacen presencia en esta región, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alertó sobre el alto número de afectaciones al derecho a la libre locomoción que se ha presentado durante los primeros ocho meses de este año.

“La retención ilegal que sufrió la comitiva de seguridad del presidente Gustavo Petro en la carretera que conduce de Teorama a El Tarra no es un hecho aislado. Las y los funcionarios y contratistas de la JEP también han sido afectados por los retenes ilegales que realizan organizaciones criminales. Esto en ocasiones ha dificultado la notificación judicial de decisiones a los sujetos procesales que están territorio”, indicó la entidad nacida a instancias del Acuerdo de Paz.

La JEP identificó 216 municipios en los que grupos armados organizados tienden a realizar retenes ilegales como mecanismo de demostración de poder y desafío a la autoridad; al tiempo que se registraron 81 segmentos viales en los que el Estado no ha garantizado, de forma recurrente, el derecho a la libre locomoción de los ciudadanos, siendo el Clan del Golfo la estructura armada con mayor número de retenes ilegales cono 58 casos; seguido por el ELN con 33; y por último las disidencias de las FARC con cinco.

Este pronunciamiento de la JEP se emite 24 horas después que el ELN instalara un retén ilegal en vías del municipio de Tame, Arauca.

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