Gobierno de Colombia confirma que habrá reforma agraria para “buscar equidad en el acceso a la tierra”

La productividad de las tierras en Colombia es demasiado baja, afirmó en julio de este año la ministra de Agricultura, Cecilia López. Dicha afirmación se centra en las cifras que tienen entidades como la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, que registra que el país tiene un total de 39,6 millones de hectáreas aptas para siembra; de estas, solo 5,3 millones se usa para tal fin. Por este y otros motivos, el Gobierno nacional anunció que sí se llevará a cabo una reforma agraria.

A través de un pronunciamiento el martes 30 de agosto, varios funcionarios del actual gobierno dieron a conocer que durante este cuatrienio se va a ejecutar este proyecto a fin de saldar “una deuda histórica” con el campesinado colombiano. Al respecto, la vicepresidenta Francia Márquez reiteró el compromiso de presentar ante el Congreso de la República “un proyecto de Ley que avanzará con la Reforma Agraria Integral que el país necesita”.

En ese sentido, rechazó la ocupación ilegal de tierras y dijo que para eso se busca implementar la reforma en el actual gobierno, para “la distribución de la tierra de manera equitativa” respetando la propiedad privada y rechazando la invasión ilícita de terrenos. Dentro de esta iniciativa entran los predios y terrenos que están en manos de la Sociedad de Activos Especiales —SAE— y que pasarían a comunidades vulnerables, así como mujeres, cooperativas y jóvenes emprendedores.

Uno de los recursos trascendentales para la ejecución de esta iniciativa es la Reforma Rural Integral estipulada en el Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. Al respecto este, que es el primer punto del documento pactado en La Habana y firmado en Bogotá a finales de 2016, concibe el territorio rural como “un escenario socio histórico con diversidad social y cultural, en el que las comunidades —hombres y mujeres— desempeñan un papel protagónico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida” y como un pilar en el desarrollo del país.

Asimismo, comprende que el desarrollo rural integral es determinante “para impulsar la integración en las regiones y el desarrollo social y económico equitativo” en Colombia. Al mencionar Francia Márquez el proyecto de reforma integral, abarca no solo lo establecido en el Acuerdo Final, sino también otra jurisprudencia como el decreto 902 de 2017 y la Ley 160 de 1994, “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino”.

Sumado a eso, la implementación de esta reforma fue una de las grandes promesas del ahora presidente Gustavo Petro en campaña rumbo a la Casa de Nariño. De hecho, en el programa de gobierno conformado junto con Francia Márquez (actual vicepresidenta), precisa que se debe democratizar la tierra fértil y el agua “para alimentar a Colombia”, argumentando también que este proyecto será impulsado desde la rama ejecutiva como un avance “hacia el cierre de la brecha de desigualdad en la tenencia y uso de la tierra”.

Además, este documento puntualiza que dentro de su ejecución se van a potenciar los recursos establecidos en el Acuerdo Final de Paz, como el Fondo de Tierras y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial —PDET— para la titulación de millones de hectáreas a víctimas del conflicto armado interno con un enfoque diferencial y de género.

Cabe indicar que durante la intervención hecha este martes 30, la ministra de Agricultura, Cecilia López, reiteró que la reforma agraria no avala la invasión de tierras; por el contrario, entorpece el pago de esta ‘deuda histórica’ con las víctimas, las comunidades vulnerables y la soberanía alimentaria en el país.

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