Gobierno aseguró que tiene lista la reforma a Ley de Orden Público para hacer posibles los acercamientos de paz

Este lunes el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que ya está listo el proyecto para la modificación a la Ley 418 de 1997, también conocida como la Ley de Orden Público, y será presentado ante el Congreso de la República a más tardar el miércoles de esta semana. Las modificaciones plantean herramientas para llevar a cabo acercamientos que permitan adelantar conversaciones de paz con los distintos grupos armados.

El ministro Prada aseguró que este nuevo proyecto casi que reconstruyó por completo el articulado de la ley. “La modificación a la ley de orden público o Ley 418, la que da facultades precisamente para crear las condiciones de los diálogos con los grupos alzados en armas, esa ley la hemos sometido a una revisión, no solo se va a hacer como se hizo en años anteriores que era prorrogar el término de las facultades que tiene el presidente, sino que vamos a hacer una nueva ley con toda una política de paz”, dijo.

Este proyecto de ley, que fue revelado por el noticiero CM&, además de proponer la suspensión de las órdenes de captura y extradición en contra de los grupos que entren en negociaciones con el gobierno, también autoriza a los alcaldes a participar en diálogos regionales con los grupos y plantea que los gobiernos posteriores tengan la obligación de continuar con las negociaciones.

“La política de paz será una política de Estado y, en tal sentido, comprometerá a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento. Asimismo, los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”, dice el borrador del proyecto.

Además, el gobierno pretende negociar con cualquier organización armada ilegal, no solo contra grupos que se hayan alzado en armas en contra del Estado, lo que incluye a organizaciones como el Clan del Golfo o las disidencias de las Farc. Esto quiere decir, que los grupos armados no tendrían que necesariamente tener carácter político para negociar con el gobierno.

Pretende además revivir las zonas de ubicación temporal para que los miembros de la organización armada estén salvaguardados mientras se desarrollan las negociaciones. “En esas zonas, que no podrán ubicarse en áreas urbanas, se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado de Derecho. El Gobierno definirá la manera como funcionarán las instituciones públicas para garantizar los derechos de la población”, dice el proyecto de ley.

Por otro lado, el presidente estaría facultado para “autorizar a los alcaldes locales para que participen en diálogos locales o regionales que tengan por propósito proponer acuerdos que alivien la situación humanitaria de poblaciones y territorios que padezcan graves violaciones a los derechos humanos, y que guarden relación directa o indirecta con el conflicto armado y con grupos armados al margen de la ley con los que el gobierno nacional adelante conversaciones, acercamientos o diálogos de paz”.

Prada añadió además que el proyecto de ley estará firmado por el Ministerio del Interior, el de Justicia y el de Defensa. Además, será apoyado por los partidos de gobierno y espera sumar el apoyo de otras colectividades.

Este proyecto, además, plantearía una modificación al servicio militar obligatorio, pues se conformaría un servicio social para la paz, en el que los jóvenes tendrían otras alternativas como trabajar con víctimas del conflicto, promover políticas de paz, proteger el medio ambiente o promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización. Todos, servicios relacionados con la implementación de paz.

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