En qué consisten las nueve zonas de paz que propone Gustavo Petro para diálogar con los grupos armados

El Gobierno nacional radicó el proyecto de ley de una de sus políticas más ambiciosas: la paz total. La iniciativa que pretende definir una política de Estado y dar herramientas para adelantar los diálogos con los grupos armados en el territorio nacional tiene varias modificaciones en términos de orden público, servicio militar obligatorio y en facultades para los alcaldes y mandatarios locales en las denominadas regiones de paz.

El texto incluye una adición al artículo 8 de la Ley 418 que es en la que se establecen las facultades del gobierno nacional para designar representantes que entablen conversaciones y diálogos con grupos armados organizados al margen de la ley y firmar acuerdos para la superación del conflicto.

A este artículo se le adicionará, de aprobarse el proyecto original, el gabinete de paz que compromete a todos los ministerios a formular su política en ese sentido desde el campo de su competencia. Y también las llamadas Regiones de Paz como artículo 8B.

“El presidente de la República podrá constituir regiones de paz, en las que se adelanten, con su autorización, diálogos de paz. Se priorizará en su conformación, además de los territorios PDET del Acuerdo de Paz, los municipios categorizados como ZOMAC, comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y al territorio, y en las que haya ausencia o débil presencia del Estado”, señaló.

El senador Iván Cepeda señaló que no habrá mesas regionales ni despejes, explicó a Blu Radio, sino que se tratará de una forma de abordar situaciones humanitarias en zonas de mayor influencia del conflicto, o más azotadas por la violencia, en las que se plantean inicialmente nueve.

Este también tiene el objetivo de regionalizar la política de paz para atender los territorios que requieren con más urgencia la presencia del Estado por situaciones de orden público. Esta labor estará en cabeza del Alto Comisionado para la Paz, quien deberá designar delegados locales que adelanten las acciones específicas bajo su dirección.

Estos comisionados regionales, según explicó el presidente de la Comisión de Paz a Semana, tendrán unos márgenes específicos bajo los que deberán adelantar diálogos con los grupos armados con el fin de llegar a acuerdos humanitarios para proteger a la población civil.

Es decir que estarán dirigidos al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, para evitar afectaciones a las poblaciones, pero no tendrán la facultad de abrir mesas de conversación o diálogos, esta continuará siendo una facultad exclusiva del Presidente de la República.

El ministro del Interior, Alfonso Prada afirmó que este “es un proceso de paz diferente y audaz que nos llevará a la paz total”, e invitó a los actores del conflicto a sumarse a la transformación de la paz a través del diálogo social “hemos pedido que hagan un guiño a todos los actores violentos que quieran allanar el camino del diálogo para la paz y el Gobierno está listo a crear las condiciones para ello” afirmó el jefe de la cartera Política.

La iniciativa contempla convertir la política de paz en una directriz del Estado, que permita la continuidad de los diálogos e implementación de los acuerdos de manera vinculante. Así mismo, articularlos con los planes de desarrollo de los territorios, a los planes de sustitución de cultivo y a planes nacionales sectoriales.

Incorpora el concepto de Seguridad Humana como camino para la paz total, abre la posibilidad de acuerdos parciales y totales con los diferentes actores del conflicto y modifica el servicio militar para incorporar un Servicio Social para la Paz, alternativo para el Servicio Militar Obligatorio con posibilidad para que la juventud pueda presentar un servicio en las FFMM o en servicios de alfabetización, protección del ambiente, promoción de DDHH o protección de víctimas del conflicto.

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