En la mañana de este martes 30 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó que el senador Mario Castaño, del Partido Liberal, se someterá a una sentencia anticipada por el escándalo e investigación que enfrenta por un presunto entramado de corrupción que involucra a mandatarios locales, exalcaldes y contratistas del Estado.
La decisión del alto tribunal se dio luego de que el congresista liberal, capturado el pasado 7 de junio, le pidió a la Corte poder recibir una sentencia anticipada, lo que lleva a los togados a suspender la etapa de investigación en la que se encontraba el polémico caso de Castaño.
“Dentro del proceso contra el senador Mario Alberto Castaño, actualmente se encuentra privado de la libertad, el senador manifestó su interés de acogerse a sentencia anticipada. Por lo tanto, la Sala de Instrucción suspendió la discusión en torno a al cierre de la etapa de investigación para adelantar ese trámite pedido por la defensa del congresista”, señaló la Corte Suprema.
Hay que recordar que Castaño es acusado de ser el cerebro de una estructura delincuencial que tendría tentáculos en seis departamentos Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, y que ya tiene tras las rejas a, al menos, 20 presuntos involucrados.
Con la decisión de Castaño de pedir que se le aplique la sentencia anticipada estaría admitiendo que, en efecto, habría participado en labores de corrupción. Tras esta solicitud, la Sala de Instrucción del alto tribunal colombiano podría darle algunos beneficios penales que reducirían su estadía en la cárcel. Sin embargo, como la Corte es la encargada de los aforados, ya no se enfocará en seguir investigando, sino que pasará directamente a determinar cuánto tiempo de prisión tendrá que pagar el congresista liberal.
Dentro de los involucrados, según informó días atrás la Fiscalía General de la Nación, se destacan dos secretarios de planeación municipal, dos funcionarios de despacho y diez contratistas, que fueron responsables de distintas irregularidades en al menos 47 contratos, que tendrían un valor por más de $46.300 millones, los cuales estaban destinados a proyectos de infraestructura y a garantizar bienes a la ciudadanía.
“De acuerdo con el material de prueba, un senador electo de la República, a través de algunos de sus presuntos colaboradores, lograba que entidades del orden nacional asignaran recursos a las regiones. A cambio, las administraciones municipales al parecer, beneficiaban y direccionaban la contratación a unos aspirantes específicos, quienes pagaban dádivas que presuntamente eran distribuidas entre los partícipes del entramado criminal”, indicó la Fiscalía.
En ese sentido, confirmó que los alcaldes de los municipios de Piandamó y Suárez (Cauca); Alcalá (Valle del Cauca); y La Merced y Villamarìa (Caldas) aceptaron los cargos y presentaron su renuncia, por delitos que van desde el concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, hasta enriquecimiento ilícito y acuerdos restrictivos de la competencia.
A su vez, el ente investigador señaló que la Dirección Especializada contra la Corrupción, en un trabajo articulado con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), había logrado la captura y judicialización de 33 personas que harían parte de esta red de corrupción, en la que se evidencian irregularidades en al menos 114 contratos por un monto de más de $112 mil millones.
Otra que también estaría involucrada es Juliana Márquez, madre del expresidente de la República, Iván Duque Márquez. Las autoridades poseen unas grabaciones que mostrarían su supuesta participación en la red responsable de la apropiación de recursos públicos destinados a obras y el suministro de servicios a la población. Además, de testimonios de algunos detenidos que la han nombrado en las audiencias.
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