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Según el balance que presentó la Unidad de Investigación y Acusación, Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, casi el 20 % del país se ha visto, o está, afectado por la instalación de retenes ilegales, los cuales afectan el derecho a la libre movilidad, siendo el denominado ‘Clan del Golfo’ el actor que más está incursionando en esta práctica.
El informe titulado: “Afectaciones al derecho a la libre locomoción en Colombia durante los primeros ocho meses de 2022″, asegura que lo que le ocurrió a la comitiva del presidente Gustavo Petro, durante su visita a Norte de Santander, puntualmente en la región del Catatumbo no es un hecho aislado.
En total: 216 municipios son los que se encuentran afectados, según la JEP, los retenes son usados como “mecanismo de demostración de poder y desafío a la autoridad estatal”, sumado a que unos 81 ejes de movilidad o seguimientos viales evidencian la falta de presencia del Estado, pues no se le garantiza a la ciudadanía el libre derecho a la locomoción.
“Puede vislumbrarse que en la región por mucho más afectada es la Caribe, casi que en toda su extensión territorial. Además de la Costa Caribe también pueden detectarse otras subregiones o departamentos con una gran incidencia de este fenómeno como los Santanderes, Arauca, Antioquia, la parte septentrional del Chocó, el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, Nariño, y algunos municipios del Guaviare y Risaralda”, declara el informe presentado por la Unidad de Investigación y Acusación, Fiscalía de la JEP.
Según las estadísticas recopiladas, durante el 2022, el Clan del Golfo ha impuesto al menos 58 de esos retenes, grupo seguido por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, con 33 y las disidencias de las FARC - EP con 5.
“Los dos grupos que más realizaron esta actividad durante 2022 fueron el Clan del Golfo y el ELN, seguramente relacionado con los paros armados que impulsaron durante este año. Muy lejos de estos grupos se hallan las disidencias de las FARC-EP quienes no realizan regularmente esta actividad, ya sea porque prefieren otros tipos de tácticas de control territorial o porque no tienen la capacidad operativa para realizarlos”.
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Desde la Jurisdicción Especial para la Paz aseguran que sus funcionarios se han visto en repetidas ocasiones por estos hechos, impidiendo realizar sus respectivas labores, dificultando la notificación judicial de los casos a los involucrados, entre muchas otras afectaciones.
En el listado de las poblaciones afectadas se pueden apreciar, incluso, algunas ciudades capitales, o municipios del área metropolitana de las mismas; por ejemplo: Bello, Barranquilla, Barrancabermeja, Cali, Cúcuta, Envigado, Itagüí, Imués, Montería, Pasto, Quibdó, Sabaneta, San Gil, Valledupar, entre muchos otros.
“En lo corrido del año, el mecanismo de monitoreo de riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación identificó 81 segmentos o ejes de movilidad donde el Estado no ha garantizado de forma recurrente el derecho a la libre locomoción de los ciudadanos/as, incluidos las y los servidores públicos. Esto ha afectado la movilidad de 215 municipios pues grupos armados organizados tienden a realizar retenes ilegales como mecanismo de demostración de poder y desafío a la autoridad estatal (...) Sumado a lo anterior, las afectaciones sobre las vías han repercutido en la afectación a los municipios colindantes. La siguiente tabla muestra la lista de 215 municipios colindantes a estos segmentos de movilidad los cuáles han visto comprometida su circulación por el efecto de grupos armados ilegales”.
Haciendo un breve análisis, el norte del país, puntualmente la región Caribe, el sur del Pacífico y una breve zona de la Orinoquía, pero, viendo las zonas resaltadas, podría decirse, hay un tapón por parte de los grupos armados en la parte superior de Colombia.
Para ver el listado completo de los municipios y puntos afectados, a continuación se deja el informe completo:
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