Dramático: fraude y accidentalidad tienen al Soat en cuidados intensivos

La alta accidentalidad y el fraude al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) han generado una crisis en el seguro, el cual, por décadas ha salvado vidas. Desde hace más de cinco años el gremio asegurador ha advertido al Estado sobre los efectos adversos de esta problemática.

El parque automotor colombiano hoy registra 17.6 millones de vehículos, de los cuales 10.5 millones son motocicletas que, aunque hoy son el principal medio de transporte de los colombianos, es el que mayor cantidad de víctimas registra, especialmente en personas menores de 30 años que en plena etapa productiva quedan seriamente lesionadas, inválidas o en el peor de los casos fallecen en las vías de nuestro país. De cada 100 pesos de prima que se recibe por el Soat de una moto se pagan 174 pesos en siniestros.

Además, las compañías de seguros detectaron cobros irregulares al seguro por cerca de 456.000 millones de pesos que se denunciaron ante las autoridades.

Por todo lo anterior, este seguro está en cuidados intensivos y requiere acciones urgentes del Gobierno, el sector privado y los actores viales. La situación es insostenible, y cerca de 900.000 víctimas de accidentes de tránsito al año perderían el seguro que les garantiza los recursos para que su atención médica sea inmediata.

Al Soat lo aquejan todo tipo de males:

- Evasión: de los 17,6 millones de vehículos que circulan en el país, solo 9.3 billones cuentan con un Soat vigente, es decir, un 47 % evade el cumplimiento de la obligación de contar con el seguro. El 61 % de las motocicletas no adquieren este seguro.

- Accidentalidad: en Colombia circulan 10,5 millones de motos y en el 87 % de los accidentes de tránsito con lesionados hay una motocicleta involucrada. Estudios de Fasecolda confirman que los principales afectados son hombres menores de 30 años, con falta de experiencia y pericia en la conducción de estos vehículos, a lo cual se suma los nulos elementos de seguridad activa y pasiva y la deficiente infraestructura vial. Para el 2022 se estima una cifra récord en la historia. Este año serán unos 940.000 heridos en las calles y más de 7.600 fallecidos, lo que es un drama nacional ignorado que no recibe suficiente atención del Estado. Este es un grave problema de salud pública que es la segunda causa de muerte violenta en Colombia.

- Fraude: al Soat lo está desangrando el fraude. Algunos prestadores de servicios de salud descubrieron que el seguro es una mina de plata e inflan las atenciones de los heridos hasta los topes permitidos por las coberturas. Un accidente menor termina por consumir los niveles garantizados y hace inviable el modelo financiero. También están todos aquellos que, teniendo accidentes no relacionados con la movilidad, mienten para obtener la atención médica que el seguro de tránsito ofrece.

- Tarifa insuficiente: pocos saben que la tarifa del Soat está subsidiada para las motos. Los motociclistas pagan por el seguro 3,7 veces menos de lo que corresponde según su accidentalidad. En cambio, los vehículos familiares pagan un seguro 9,5 veces más caro para cubrir ese subsidio. Desde 2013 el número de motocicletas superó al de los demás vehículos en el país, esta tendencia se ha incrementado y en 2022, se espera que el país rompa el récord y venda más de un millón de motos adicionales.

- Reglamentación desactualizada: la crisis del Soat exige acciones coordinadas de las entidades responsables de los temas de salud y movilidad: Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, Superintendencia Financiera, Superintendencia Nacional de Salud, Agencia Nacional de Seguridad Vial, secretarías de movilidad. Debe sumarse la industria privada de fabricantes, ensambladores e importadores de automotores, a quienes compete la seguridad de los vehículos que comercializan en el mercado. La falta de acción coordinada entre todos estos actores está llevando a la quiebra un instrumento de aseguramiento que ha salvado cientos de miles de vidas en Colombia.

- Motos sin equipamiento de seguridad: la mayor parte de las motocicletas que se venden en Colombia no podrían comercializarse en otros países por no reunir los requisitos mínimos de seguridad, por ejemplo, sistemas de frenado ABS.

Un estudio reciente de Cesvi Colombia, que incluyó una muestra de más de 600.000 motocicletas vendidas en Colombia, de las cuales el 97 % corresponde a motos entre 0 y 250 centímetros cúbicos, demostró que:

- Solo el 6 % de las líneas comercializadas entre los 0 y los 125 centímetros cúbicos cuentan con luz de freno y direccionales LED. El 1% cuenta con sistema de freno combinado CBS, el 23 % tiene luz de circulación diurna LED y el 76 % cuenta con freno de disco delantero.

- Ninguna de las 82 líneas analizadas cuenta con el equipamiento requerido para cumplir la línea base de seguridad de los estándares internacionales. En este sentido Colombia no ha tenido una regulación definida para prevenir y disminuir accidentes en la vía.

A diciembre de 2021, el ramo del Soat registró pérdidas por 192.000 millones de pesos y en el primer semestre del 2022, ya presentaba un déficit de 138.000 millones de pesos.

El Soat, además de asumir los siniestros, destina un porcentaje de la prima para contribuciones y transferencias para entidades del Estado. De cada 100 pesos que paga el ciudadano por su póliza, 54,3 pesos son para pagar siniestros y la operación del seguro y 45,7 pesos para contribuciones y transferencias.

En 8 billones de pesos se vería afectado el presupuesto nacional si el Soat desaparece y queda en manos del Gobierno toda la financiación de la atención de las víctimas de accidente de tránsito.

Se requiere un conjunto de acciones para enfrentar la compleja situación del Soat:

- Establecer una mesa interinstitucional público privada para formular e implementar políticas públicas efectivas destinadas a disminuir la accidentalidad vial, el fraude y la evasión a este seguro.

- Limitar el número de veces que se puede utilizar una misma póliza durante su vigencia.

- Destinar una proporción de la contribución a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para ayudar a cubrir la insuficiencia en la tarifa.

- Acelerar la implementación de la Ley Julián Esteban que fortalece diversos aspectos de la seguridad vial, entre ellos, regular la comercialización de vehículos seguros, fortalecer las exigencias para obtener las licencias de conducción, promover la calidad de la infraestructura de la red vial.

- Fortalecer la gestión de las autoridades competentes para contrarrestar el fraude en los cobros a este seguro y reducir la evasión.

Las compañías de seguros detectaron cobros irregulares al Soat por cerca de 456.000 millones que se denunciaron ante las autoridades competentes. Las modalidades de fraude e irregularidades más frecuentes detectadas por las aseguradoras son:

- Traslados irregulares de las víctimas de accidentes de tránsito: los pacientes deben ser llevados al centro médico con capacidad de atención más cercano al sitio del accidente. Se presentan recorridos superiores a una hora y con frecuencia inusual hacia las mismas IPS.

- Atención médica por eventos diferentes a accidentes de tránsito: es el caso de una persona que sufre un accidente casero y la IPS cobra los servicios de atención médica como víctima de accidente de tránsito.

- Cobros duplicados a las aseguradoras: cuando una IPS reclama los gastos médicos a 2 aseguradoras distintas por la misma víctima de accidente de tránsito o, por ejemplo, cuando dos IPS reclaman a compañías distintas por la atención de un mismo paciente que se accidenta en municipios diferentes el mismo día.

- Prestación de servicios médicos: servicios innecesarios y excesos de protocolos no necesarios para aumentar el costo del siniestro. Cualquier procedimiento médico que no se necesite es intrusivo contra el paciente y pone en riesgo su salud.

- Servicios no prestados, pero facturados: servicios no prestados por algunas IPS que son facturados a las aseguradoras: procedimientos médicos, radiografías, exámenes de diagnóstico que no se realizaron, entre otros.

- Costos de atención: diferencias injustificadas en los costos de las atenciones entre IPS por procedimientos similares.

- Cobros: cobro de medicamentos y dispositivos para tratamiento de fracturas a precios superiores a los del promedio del mercado.

- Falsedad: utilización de pólizas prestadas, falsas o adulteradas para la reclamación de una indemnización.

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