A las 11:20 a. m. de este 30 de agosto fue radicado de forma oficial un proyecto, conocido como Ley de Orden Público, que busca modificar la Ley 418 de 1997. El ministro del Interior, Alfonso Prada, asegura que esta normativa tiene como objetivo garantizar la seguridad y lograr lo que el Gobierno de Gustavo Petro ha denominado “paz total”.
“En este momento estamos en el salón Luis Carlos Galán radicando en la Cámara de Representantes el proyecto que adiciona, modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, con el objetivo de definir la política de paz del Estado, garantizando la seguridad humana y la construcción de la paz total”, escribió Prada en su cuenta de Twitter.
Desde la posesión de Petro, el pasado 7 de agosto, se ha hablado de la “paz total” y esta modificación a la ley 418 sería una hoja de ruta para alcanzarla, pero, ¿en concreto que busca el proyecto de ley?
El documento radicado consta de 12 páginas en las que se le apunta a un objetivo principal: lograr que la paz sea una política de estado. Esto significa que más allá de implementar acciones esporádicas, siempre se tenga en cuenta el enfoque de no violencia al momento de implementar cualquier medida en Colombia.
“La política de paz será una política de Estado y, en tal sentido, comprometerá a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento. Asimismo, los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”, se lee en el borrador del proyecto.
Para aterrizar ese ideal en acciones, el proyecto de ley propone realizar reuniones bimensuales en las que participen todos los ministerios y así hacerle seguimiento a cada medida implementada en Colombia. De hecho, se contempla que todas las carteras gubernamentales tengan una oficina con enfoque de paz.
Al tener la paz como política estatal, esto acarrearía otras acciones y la creación omodificación de nuevas figuras administrativas a nivel nacional. Hay cinco puntos particulares del proyecto:
1. Realización de “diálogos humanitarios” a nivel local
El proyecto contempla facultar a los alcaldes de cada ciudad o municipio colombiano para que “participen en diálogos locales o regionales que tengan por propósito proponer acuerdos que alivien la situación humanitaria de poblaciones y territorios”. Así las cosas, los mandatarios locales podrían empezar acercamientos con grupos que tengan incidencia en sus territorios.
Es importante aclarar que esto no constituye el inicio de un proceso de paz, pero no se descarta que después, ya con la injerencia del gobierno nacional, se puedan llegar a acuerdos más grandes.
2. Reorganización administrativa de los recursos para la paz
Además de modificar la ley 418, habría cambios en la ley 368 de 1997, que tiene que ver con los fondos para los programas paz. L a propuesta es que todos los rubros de donde sale dinero para financiar los proyecto relacionados a este tema sean unificados en lo que el Gobierno Petro denominaría “Fondo para la Paz” y sería administrado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Esta dependencia no actuaria de forma independiente, sino sujeta a las decisiones del presidente y del Gabinete de paz.
3. Revivir las zonas de distensión
Las zonas de ubicación temporal para que miembros de organizaciones ilegales estén salvaguardados mientras se desarrollan diálogos de paz podrían volver. Esta figura es conocida como zonas de distensión y fue abolida en el gobierno de Andrés Pastrana, pero la actual administración nacional considera que son necesarias para enviar el mensaje de voluntad de diálogo con los subversivos.
“En esas zonas, que no podrán ubicarse en áreas urbanas, se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado de Derecho. El Gobierno definirá la manera como funcionarán las instituciones públicas para garantizar los derechos de la población”, dice el proyecto de ley.
Cabe anotar que en esas zonas “quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley”.
4. Comisionados de paz regionales
Se crearán nueve 9 figuras de comisionados que van a apoyar al comisionado de paz nacional, cargo que actualmente ostenta Danilo Rueda, para coordinar el trabajo en las nueve zonas del país donde se reportan los índices de violencia más altos.
5. Transformación del servicio militar
Uno de los puntos del plan de desarrollo de Petro incluye eliminar el servicio militar obligatorio. Ahora, con la Ley de Orden Público, se materializaría esa propuesta.
Sería más una transformación de medida, pues a cambio de la vinculación a las filas del Ejército, los ciudadanos se unirían a un nuevo programa que sería llamado ‘Servicio Social para la Paz’ que duraría 12 meses e incluye ejecutar tareas en pro de la educación y las víctimas del conflicto. Entre las tareas que se pueden desarrollar está:
— Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.
— Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.
— Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.
— Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.
— Servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad.
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