En horas de la tarde de este domingo 28 de agosto de 2022, Twitter fue el escenario de otra discusión política, en esta ocasión un colombiano y una migrante estadounidense que hoy es congresista por el partido Republicano.
El Presidente de la Comisión Tercera del Senado, Gustavo Bolívar respondió el mensaje de María Elvira Salazar, quien hizo una fuerte acusación a través de la red social: “Petro no lleva un mes en el poder y ya nos preocupa a todos. Ahora es probable que se legalice la cocaína, lo que nos afectará aquí en Miami. Me uno a los colombianos en mi Distrito para denunciar las locuras de Petro. ¡Que Dios bendiga a mis hermanos de Colombia! afirmó la congresista.
Ante el mensaje, Gustavo Bolívar le respondió de la siguiente manera: “¿Cómo una señora tan ignorante llegó a ser congresista en los EEUU? ¿Quién le dijo que un presidente puede legalizar la cocaína? ¿Y quien le dijo que un país puede hacerlo unilateralmente? Lo que hacemos es abrir un diálogo global sobre el rotundo fracaso de la guerra contra las drogas”
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La congresista llamó la atención de los usuarios de esta red social por la serie de contenidos en los que rechaza, mostrando su posición en contra de la iniciativa de Petro sobre la posible legalización de la cocaína. Salazar recurrió a su cuenta oficial de la plataforma digital para expresar su incomodidad y preocupación por las consecuencias que esto puede traer.
Sin embargo, la influencer Margarita Rosa de Francisco en la cadena de la afirmación de la congresista dijo “Señora, él solo no puede “legalizar” la cocaína, y usted lo sabe. En cambio, sí puede abrir un espacio político y de debate para que Estados Unidos considere una aproximación distinta a la que ha tenido con respecto a la “guerra contra las drogas”.
Quién prendió el debate fue el periodista Mario Pentón quien trabaja para el canal virtual hispano para Miami Americateve. El periodista le escribe a Salazar: “Congresista, saludos desde Bogotá. Ahora mismo aquí hay una gran polémica por la orden del gobierno de Petro de no bombardear a las guerrillas y grupos narcotraficantes. Ciertamente por lo que he podido conversar con la gente, hay mucha preocupación sobre el futuro de Colombia”
En un artículo de El Colombiano, el investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes David Restrepo dijo: “Los demócratas están bastante alineados con la idea de implementar el Acuerdo de Paz. Pero estamos con una ventana de oportunidad que se puede cerrar si en las elecciones de Congreso de este año se presenta un cambio de mando”, haciendo referencia a los comicios legislativos que habrá en EE.UU. en noviembre de este año.
Sin embargo, no es la primera vez que Salazar hace una pronunciación contra el actual mandatario. En el mes de mayo cuando Gustavo Petro estaba arriba de las encuestas, dijo lo siguiente: “Nosotros estamos muy conscientes de que los colombianos están en este momento ante el peligro más grande que ha enfrentado el país en la historia moderna. Petro, que en este momento está arriba en las encuestas presidenciales, es ladrón, es terrorista y es marxista. Tres cosas que los colombianos no pueden permitir llevar a la Presidencia”, dijo Salazar, quien representa en el Congreso estadounidense al distrito congresional 27 que está ubicado en el sur de Florida.
Ante una especie que empieza a recorrer las redes sociales, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, negó de manera tajante la supuesta legalización de la cocaína en Colombia en este nuevo Gobierno.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó de qué se tratan los cambios que se quieren realizar y negó que el gobierno planee legalizar esta droga y aclaró que lo que se pretende, entre otros cambios, es centralizar la lucha antidrogas más en las estructuras criminales que comercializan la droga que en los cultivadores.
El ministro Osuna insistió en que la idea que ha planteado el presidente Petro tiene que ver con un cambio de visión y una regulación, en la que la lucha contra las mafias que perjudican al país siga siendo fuerte, pero en la que haya una parte que tenga en cuenta la salud pública de los colombianos adictos. Es decir, una política antidrogas en la que se considere a los consumidores y a los campesinos cultivadores.
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