ELN: al menos tres investigaciones reposan en la Fiscalía por reclutamiento forzado de menores

El pasado 27 de agosto, el primer comandante del Ejército de Liberación Nacional —ELN— Antonio García, manifestó a través de su cuenta de Twitter —ahora suspendida— que esa estructura “no realiza reclutamiento de combatientes para sus estructuras guerrilleras. Todo ingreso a nuestras filas es voluntario, a solicitud del interesado”, generando críticas especialmente en la oposición a la reanudación de los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y este grupo insurgente.

Pese a la declaración del comandante de este grupo, cuyo nombre de pila es Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, en la Fiscalía General de la Nación reposan por lo menos tres investigaciones que prueban la manera en que la guerrilla ha incluido, de manera forzosa, a menores de edad para engrosar sus filas en los lugares del país donde están presentes.

Actualmente, el integrante del Comando Central —Coce— del ELN tiene su orden de captura y extradición suspendida por cuenta del anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro de suspender la búsqueda y detención de este y otros cabecillas mientras se reanudan los diálogos de paz con el Gobierno nacional en La Habana; empero, una de las pesquisas en contra de cinco integrantes del Coce inició en mayo de 2016.

De acuerdo con el ente acusador, estos son responsables de por lo menos 15.896 delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. En ese entonces, el fiscal encargado Jorge Perdomo aseguró que los guerrilleros además estaban incurriendo en los delitos de homicidio, secuestro, reclutamiento y desplazamiento forzado, feminicidio y otras violencias de género.

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Dos años después, el mismo órgano de control emitió varias órdenes de captura por el reclutamiento forzado de 97 menores de edad. Allí aparece también el nombre de Antonio García y siete integrantes más de la estructura subversiva. De acuerdo con el expediente del caso, estos fueron los principales responsables de enlistar forzadamente a 66 niños y 31 niñas. De ellos, 41 harían parte de las comunidades indígenas Uwa, Awá Kwaiker, Embera y Waunan, en tanto que 12 serían afrocolombianos. Todos ellos, de acuerdo con las pesquisas, fueron presionados para abandonar sus hogares y hacer parte de la estructura ilegal.

Hay una tercera investigación por el mismo flagelo que también involucra a García, quien en el hilo de Twitter publicado el domingo pasado que “todo ingreso al ELN se hace por motivaciones políticas donde hay identidad por la causa de los pobres, los humildes y los más necesitados de la sociedad”: en agosto de 2018, la Fiscalía dio a conocer nuevamente una investigación contra aquella estructura armada también por reclutamiento de menores.

Para ese tiempo, las cifras expuestas por los peritos detallaron que habían sido 121 los menores obligados a hacer parte de ese grupo; incluso, detallaron que los casos ocurrieron en contra de menores entre 7 y 17 años. Los investigados fueron 16 integrantes del ELN, incluyendo Antonio García. Tanto en esta como en la segunda indagación, los casos donde ocurrieron los reclutamientos fueron Chocó, Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Arauca, Bolívar, Santander, Boyacá, La Guajira, Casanare y Córdoba.

En total, cuatro frentes han perpetrado la mayoría de reclutamientos: los Frentes de Guerra Nororiental y Oriental, el Frente de Guerra Occidental y Darío de Jesús Ramírez Castro, y el Frente de Guerra Suroriental. Pese a las investigaciones, el fiscal general Francisco Barbosa acogió la directriz del presidente Petro de suspender las órdenes de captura y extradición contra los jefes negociadores del ELN el pasado 20 de agosto.

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