Defensoría propone penas alternativas y medidas restaurativas ante la crisis penitenciaria y carcelaria en Colombia

La Defensoría del Pueblo, en asociación con la Universidad Externado de Colombia, instaló este lunes 29 de agosto el foro Perspectivas sobre la crisis penitenciaria y carcelaria: retos y soluciones, en el que presentó una serie de propuestas para enfrentar la problemática en las prisiones del país. En el evento también participó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien aseguró que es necesario replantear la política penitenciaria.

“Ante las dimensiones de la crisis penitenciaria y carcelaria del país, es hora de concebir penas alternativas al encarcelamiento que puedan beneficiar a la sociedad”, manifestó Carlos Camargo, el defensor del Pueblo. Para el funcionario es necesario brindar una oportunidad al infractor de la ley de “retribuir el daño causado y de esa manera eviten su reincidencia”, es decir, que las prisiones sean realmente un lugar de rehabilitación.

El objetivo realmente sería tener un sistema judicial más útil y provechoso tanto para el infractor como para la sociedad. “Es necesaria una política criminal seria y coherente, que dirija sus esfuerzos en considerar al derecho penal como último recurso”, comentó el defensor y señaló que esto permitiría que la solución de los conflictos provengan de políticas sociales.

Por su parte, el ministro de Justicia reiteró la necesidad que tiene el país de profundizar, mejorar, y en algunos casos, construir una nueva política penal y penitenciaria. “Debemos pensar en las víctimas, en la reparación a las víctimas del delito, y pensar también en los derechos humanos de las personas privadas de libertad, o que han sido enjuiciadas o condenadas”, afirmó Osuna.

Con respecto a la reincidencia en la criminalidad, el jefe de cartera detalló que la “mejor receta” contra ese problema sería que todas las personas que salgan de prisión tengan una oportunidad laboral. Seguido a ello, recordó que el Gobierno nacional tiene contemplado brindar formación técnica en los centros penitenciarios con apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Esa idea también fue reforzada por Carlos Camargo, quien invitó al gremio empresarial a crear oportunidades laborales dignas para la población privada de la libertad, con el objetivo de impulsar el desarrollo y economía del país. Asimismo, teniendo en cuenta esa idea, en el foro participó Johana Bahamón, fundadora y directora de la Fundación Acción Interna, cuyo propósito es ayudar a mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada en Colombia.

En el evento, la Defensoría del Pueblo presentó los datos más actualizados del hacinamiento en las cárceles en Colombia. “Para agosto de 2022 llegó al 177 % en los centros de detención transitoria, con una sobrepoblación total de 14.176 personas”, precisó el órgano de control a través de un comunicado de prensa. Respecto a los establecimientos de reclusión de orden nacional, el hacinamiento llegó al 20 % con 16.297 reclusos.

“Las cifras de hacinamiento no solo reflejan una ausencia de espacio vital, sino que representan verdaderas condiciones de indignidad humana”, puntualizó Carlos Camargo. La Defensoría ha evidenciado en más de una ocasión las condiciones precarias del acceso al servicio de salud, las demoras en la impartición de la justicia, el aumento generalizado de penas, la creación de nuevas conductas delictivas y la prohibición de la concesión de beneficios y subrogados.

Por su parte, el rector del Externado, Hernando Parra Nieto, expuso que desde 1998 la Corte Constitucional identificó que existe un problema de carácter estructural en el sistema penitenciario que afecta gravemente los derechos fundamentales. “Esto se traduce en una política criminal que no cumple a cabalidad con la reducción de la criminalidad y que tampoco garantiza condiciones mínimas de existencia dignas para quienes purgan una condena”, expresó el también abogado.

Con todo ese panorama, Camargo insistió en la necesidad de usar los recursos disponibles para convertir a los establecimientos penitenciarios en centros para la resocialización, con condiciones de alimentación, salud, prevención y seguridad adecuadas, dotados con servicios públicos y que garanticen el goce efectivo de los derechos de la población privada de la libertad.

“Estamos ante una tarea titánica que nos pone frente a una gran oportunidad de encontrar nuevos caminos que permitan obtener diferentes y mejores resultados”, concluyó el defensor del Pueblo. De lograrlo, se construirían soluciones definitivas que velen por los derechos humanos de todos las personas privadas de la libertad y de la sociedad misma.

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