Congreso hará seguimiento a la APP Canal del Dique y la navegabilidad del río Magdalena

El pasado viernes 26 de agosto de 2022 el Gobierno nacional y el Legislativo escucharon a los miembros de todas las comunidades aledañas al Canal del Dique que se verían afectadas con la iniciación de las obras previstas en la APP. Seis horas duró la sesión que terminó en discordia.

Un grupo de delgados del Senado y la Cámara de Representantes se unió para conformar una célula que tendrá entre sus responsabilidades hacer seguimiento a la APP Canal del Dique, la navegabilidad del río Magdalena y el acceso al Puerto de Barranquilla.

Esta comisión accidental del Canal del Dique se instaló en Santa Lucía, Atlántico, y además tendrá como objetivo velar por la situación de emergencia y riesgo por la que atraviesan los municipios y habitantes de la zona sur del departamento del Atlántico.

En la sesión, los ministros de Transporte y Ambiente escucharon a la comunidad que habita a los alrededores del Canal del Dique que han tenido problemas de inundaciones.

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La población beneficiada con este proyecto está estimada en 1,5 millones de habitantes de 10 municipios del departamento de Bolívar (Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana); en las poblaciones de ocho municipios del departamento de Atlántico: Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Juan); y un municipio de Sucre (San Onofre).

Líderes del Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre y Córdoba asistieron a esta primera comisión junto a 49 representantes comunitarios, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y Guillermo Reyes, líder de la cartera de Transporte.

“Velaremos porque los compromisos del Gobierno se cumplan en los tiempos establecidos, pero, lo más importante ahora es que los habitantes de los municipios del sur sientan la presencia del Estado en esta zona del país. Estas personas han tenido que acostumbrarse a vivir con la amenaza de la tragedia a la vuelta de la esquina y a que sus voces de advertencia no sean escuchadas sino hasta cuando ya es muy tarde”, señaló el representante Dolcey Torres (Partido Liberal).

En medio del debate, el congresista Agmeth Escaf del partido Pacto Histórico abandonó la sesión argumentando que los organizadores no le permitieron el ingreso a toda la comunidad y porque la instalación debió hacerse en plaza pública.

“Creo que estoy sintiendo lo mismo que siente la gente. Allá afuera están pidiendo ser escuchados, la problemática está viva acá y nosotros estamos encerrados en cuatro paredes; esta no es una rendición de cuentas. La gente necesita que yo esté allá, por lo que me retiro de esta mesa y me voy con mi gente”, dijo Escaf.

“Prometo escucharlos. Prometo alzar mi voz por ellos (así eso incomode a algunos). Prometo estar del otro lado de la barricada, del lado del pueblo, no en la orilla de los negociantes que van detrás de una parte de la torta millonaria. ¿A esto le llaman show? Para mí es democracia” dijo el pasado domingo 28 de agosto de 2022.

La comunidad aledaña al Canal del Dique se ha visto afectada por inundaciones durante varios años. Cabe recordar la tragedia de 2010, cuando el canal se desbordó y dejó a más de 120.000 familias damnificadas en el sur del Atlántico,

Para evitar tragedias como esta y que se prevé se presentarán en la segunda ola de invierno, este año se ha venido discutiendo la adjudicación del contrato para el proyecto “Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique”, que ha sido ampliamente criticado por las inquietudes que hay frente a los impactos ambientales y la participación efectiva de las comunidades.

Según la La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), “más allá de garantizar la ejecución de los temas estructurales y de gran ingeniería que requerirán las obras civiles a construir y que generará cientos de oportunidades laborales en el Canal del Dique, ha trabajado en la articulación, a través de un diálogo participativo, con las comunidades y sus líderes representativos -como los consejos comunitarios de comunidades negras, cabildos indígenas y comunidades étnicas-, con el objetivo de consolidar una nueva expectativa de desarrollo local, definido alrededor de oportunidades basadas en estructura de gobierno propio.

Cn esta nueva comisión se espera que la comunidad sea escucha y que su voz se represente en la implementación de la infraestructura, que tiene una longitud total de 115,5 km, que abarcan la hidrovía, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.

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