De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) este sábado 27 de agosto se cometió la masacre 70 del año en Colombia. “Cuatro personas fueron asesinados hacia el medio día en el barrio Pueblo Nuevo de Cúcuta. Hombres armados ingresaron a la zona y los atacaron a las personas que se encontraban en un taller de carros”, informó la ONG.
Una de las personas murió en el lugar, mientras que las otras tres fueron trasladadas a un hospital, sin embargo, por la gravedad de las heridas, fallecieron. Por el momento, se desconocen los nombres de las víctimas.
Aunque tampoco se conocen a los responsables de la masacre, Indepaz aseguró que en la zona hacen presencia ELN, las disidencias de las Farc y bandas trasnacionales, entre otros grupos ilegales.
Respecto a estos hechos, la Defensoría del Pueblo había emitido la alerta temprana 035/20 y un informe de seguimiento en 2021, el cual señala la inminencia de graves vulneraciones a los derechos humanos tanto de carácter selectivo como masivo incluyendo el evidente y concreto marco de disputa entre actores armados, en la capital de Norte de Santander.
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El diario La Opinión de Cúcuta reporta que, además de esta masacre, en la ciudad se registraron otros dos homicidios en las últimas horas: el de un hombre en Motilones y el de otro ciudadano en el barrio Rosal del Norte.
Este mismo sábado se conoció que el viernes 26 de agosto tres comuneros de dos comunidades indígenas del sur de Nariño fueron asesinados por hombres armados desconocidos.
Las víctimas son: Adriana del Rocío Guerrero Tarapuez, ex corregidora del resguardo de Panán, su pareja sentimental Stalin Emilson Calpa Tupue, y el comunero Diego Armando España, denunció el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).
Los hechos se registraron entre los resguardos de Chiles y Mayasquer en zona rural del municipio de Cumbal al sur de Nariño, en donde los tres comuneros habrían sido abordados por sujetos armados, quienes arremetieron contra su integridad.
Por medio de un comunicado el AICO expresó que:
“La pérdida de estos valiosos seres humanos deja un gran vacío en sus familiares, amigos y comunidad, desde la cual lucharon por la defensa del territorio, la vida y la autonomía de los pueblos Pastos y Quillasingas”.
Según la Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz) esta es la cuarta masacre registrada este año en Nariño, cobrando la vida de trece personas.
El Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia continúo su comunicado expresando lo doloroso de estos hechos: “Este crimen se suma a los asesinatos sistemáticos y vulneraciones de los derechos humanos perpetrados en contra de nuestros pueblos y comunidades indígenas en el país y que perpetran los hechos violentos y el peligro a la pervivencia física y cultural de los pueblos originarios”, advirtió la autoridad indígena.
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La organización le pidió a las autoridades que se adelanten las investigaciones que permitan determinar los autores de este hecho.
“Desde las Autoridades Indígenas de Colombia “por la Pacha Mama AICO” exigimos a las autoridades competentes la celeridad en la investigación que permita identificar los móviles y responsables de este crimen y ese aplique todo el peso de la ley”, indicó.
Así mismo, solicitó a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería, las autoridades departamentales y organismos internacionales, “el apoyo y su presencia inmediata en este lugar, y adopten las metidas correspondientes que permitan solucionar la delicada situación de orden público en el territorio del gran Cumbal y velar por la protección de la vida”.
Por otra parte, defensores de Derechos Humanos denunciaron el hallazgo de cuatro personas sin vida en el municipio de Olaya Herrera en la costa pacífica nariñense en hechos que aún son materia de investigación.
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“Una masacre en Olaya Herrera donde mueren cuatro personas de sexo masculino, estamos a la espera de que las autoridades verifiquen los hechos y nos entreguen respuestas de estos dos hechos,” advirtió la promotora de DD.HH. Nelly Salas.
Los grupos que se han visto afectados por la ola de violencia que se incrementó en el país le han pedido al Gobierno de Gustavo Petro que acelere el proceso de la paz total en el territorio nacional y que “estas regiones que históricamente han sido golpeadas por la violencia transiten hacia la tranquilidad, la convivencia y la justicia social para sus comunidades”.
Precisamente, este sábado desde el Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV), que fue instalado en el municipio de Ituango, el Presidente de la República le propuso a los grupos armados ilegales que han manifestado su intensión de entablar conversaciones con el Gobierno nacional empezar el proceso de diálogo con un “cese multilateral de hostilidades”.
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