“Nuestro sistema está preparado para los cambios que se vienen con respecto a la política de extradición”: Gustavo Petro

La llegada de Gustavo Petro al poder ha traído varios cambios significativos para el país que representan una transformación significativa del sistema. Uno de esos ha sido la lucha contra el narcotráfico, donde ha mencionado en varias ocasiones que se debe pasar del prohibicionismo a la regulación; en ese mismo sentido ha mencionado el tema de la extradición y dejo claro, que la única forma de que se extradite a algún líder criminal será que este, no quiera colaborar con la justicia colombiana.

“Les propusimos que narcotraficante que no negocie con el Estado se va a extraditado, narcotraficante que negocie con el Estado y reincida, se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos”, explicó el mandatario.

La postura del presidente ha creado una división, pues durante muchos gobierno la extradición se convirtió en una de las opciones más viables para hacerle frente al narcotráfico, incluso, como lo recordó El Tiempo, en los últimos 25 años, 3.396 personas han sido extraditadas, en su mayoría relacionados con delitos conexos a las drogas.

Para muchas personas que ha estado cerca o han servido al sistema judicial, la pregunta que debe responderse es si el sistema penitenciario está preparado para hacerle frente a la detención de figuras tan grandes de la criminalidad.

“Un cambio, como el propuesto, debe estar acompañado de ajustes en el sistema penitenciario porque la extradición ha sido una herramienta que rompe con el mando y control de las organizaciones criminales; y como están hoy las cárceles, podrían terminar siendo centros de control de estos delitos dada la permisividad y la corrupción, que son evidentes en las cárceles.”, puntualizó el general retirado Óscar Naranjo, a Revista Semana.

En este mismo, sentido, el exministro de Justicia, Yesid Reyes, señaló:“Lo que el presidente Petro propone ahora es utilizar correctamente esa potestad, que siempre ha tenido el Ejecutivo, para valorar en cada caso concreto si una extradición tiene para la justicia colombiana más ventajas que desventajas y, de acuerdo con ese análisis, decidir si la concede o no”.

Por su parte, el exmagistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño anotó, en entrevista con El Tiempo, que se debe hacer frente, además, a las tensiones que se pueden crear entre los países y las instituciones, pues, puede ser un cambio muy abrupto: “Pueden producirse tensiones de carácter político que deben manejar el jefe de Estado y la Cancillería en el plano de la diplomacia con otros países para explicar claramente los alcances del nuevo enfoque propuesto”, advirtió.

Hay unas posturas más radicales que señalan que podría ser un error, en el caso de Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Constitucional, señaló que se quebraría una de las herramientas de ayuda entre nacionales para atender el problema del narcotráfico.

“Es suicida obstaculizar la extradición, concediéndole permanencia al requerido por otro país. Tarde o temprano atentará contra el Estado alcahueta, pagándole así la negligencia al no enviarlo a que responda ante la Justicia que lo requiera de la nación donde haya delinquido. La extradición es indispensable en la eficacia de la lucha contra la criminalidad más lesiva. Por ello, las naciones deben colaborarse recíprocamente y hacerla más expedita, no entrabarla. Si los delincuentes se unen para obtener resultados más lucrativos, también cada Estado debe aportar decididamente, aliándose para confrontar con éxito, provechosamente, a las mafias internacionales”, anotó.

Por ahora, el gobierno insiste en la transformación de la política antidrogas tanto a nivel nacional como internacional, que acoge la extradición, la erradicación de los cultivos ilícitos, la regulación de los estupefacientes, entre otros asuntos.

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