Un duro encontronazo se dio este domingo 28 de agosto entre Ecopetrol y el Comité de Concertación de la Lizama por presuntas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores de la empresa estatal. Esto, debido al bloqueo que hace la comunidad en los pozos Lizama y Casabe, en Santander, a más de 150 trabajadores de 17 empresas aliadas a Ecopetrol.
En un comunicado de prensa, la estatal manifestó de manera enfática su rechazo a estas acciones que violan los derechos humanos de los trabajadores.
“Para la empresa, el respeto de los derechos humanos es un principio fundamental de su actuación y en ese sentido propende por el cumplimiento en todas sus operaciones, así como la sana convivencia entre las comunidades”, subrayó Ecopetrol.
Además, que algunos de los trabajadores permanecen en el lugar desde el domingo anterior sin que les permitan hacer cambio de turno, lo cual atenta con la salud física y emocional de estos trabajadores.
Ecopetrol hizo un llamado a la comunidad para que permitan el cambio de turno de los trabajadores directos y aliados que trabajan en estas instalaciones, además que les permitan el paso e ingreso de alimentos, elementos de aseo y diferentes artículos de primera necesidad.
De igual forma, invitó a que se levanten las vías de hecho y se acuda al diálogo instructivo para restablecer la normalidad en las operaciones.
Lo que exige la comunidad
No obstante, el Comité de Concertación de La Lizama respondió diciendo que Ecopetrol generó mala información en contra de las comunidades donde opera el bloque petrolero Lizama.
Este, precisó que el conflicto social, laboral y ambiental inició el pasado 24 de agosto de 2022 por el incumplimiento de Ecopetrol, sus contratistas y gobiernos locales a los acuerdos establecidos en por los menos los últimos años.
Como primer punto, también en un comunicado, aclararon que “es mentira que no se permite el ingreso de alimentación a funcionarios de Ecopetrol que se encuentran dentro de las estaciones”.
Además, que el cese de actividades que la comunidad hace es por el incumplimiento de Ecopetrol a acuerdos hechos meses anteriores, como el mantenimiento y arreglo de puntos críticos intransitables de las vías.
“El compromiso de Ecopetrol era ingresar dos cuadrillas y hasta la fecha no se ha cumplido, siendo uno de los puntos críticos el punto de la señora Miriam Rincón (a la cual le asesinaron el esposo que era una líder social y hasta la fecha el asesinato está impune) donde está afectado un cultivo de limón por represamiento del agua por la falta de mantenimiento, donde este cultivo es el sustento y el único ingreso económico de la familia”, precisó el Comité.
En el mismo comunicado se rechazó “la persecución de Ecopetrol a líderes sociales con demandas en la Fiscalía General de la Nación, por reclamar nuestros derechos, que por ley nos pertenecen”.
A su vez, exigieron que Ecopetrol haga cumplimiento del Decreto 1668 del 21 de octubre del 2016,el cual menciona que la mano de obra, los bienes y los servicios deben de ser locales.
“Empresas que vienen como contratistas de bienes y servicios, en su mayoría traen personal que no es del territorio, negándose a el diálogo y optando con denuncias en la Fiscalía contra los líderes sociales”, enfatizó el Comité, el cual tiene como coodinador a Alexánder Ramírez.
Asimismo, en el comunicado se anotó que la Corporación Regional Yariguíes -GEAM acompaña y respalda al Comité de Concertación de la Lizama, a los lideres y voceros, y por eso rechazan las declaraciones de Ecopetrol que aumentan los riesgos, los señalamientos y las estigmatizaciones contra los líderes sociales y ambientales de San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja.
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