Los estudiantes y habitantes del corregimiento de Otaré en el municipio de Ocaña, en Norte de Santander, exponen diariamente su integridad al cruzar una vía que se encuentra en difíciles condiciones. Mediante una acción de tutela, la Defensoría del Pueblo logró proteger los derechos de estas personas, especialmente de los menores que ven afectado su derecho a la educación.
El pasado 10 de junio, el órgano de control realizó una jornada de atención en el corregimiento, llamada ‘Defensoría en tu comunidad’. En la visita, el equipo regional Ocaña de la entidad se percató de “una gran pérdida de la bancada vial en la vereda de San Antonio” y emitió una alerta inmediata “debido al riesgo que significa cruzar por dicha vía en las condiciones en que se encuentra”.
Según un comunicado de prensa de la Defensoría, la situación genera preocupación, pues no solo la vía está en malas condiciones, sino que también está ubicada en un terreno frágil con la posibilidad de que se caiga ante la ola invernal.
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El órgano de control también notó “cómo los estudiantes ―del colegio Edmundo Velásquez― debían bajarse de los autobuses escolares, pasar por la vía, exponiendo su integridad, y una vez superaban ese tramo retornar al transporte”. Por esa razón, decidieron interponer una acción de tutela para garantizar el derecho a la educación de los menores de edad.
El fallo en favor del derecho a la educación
En primera instancia, el Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Ocaña concedió el amparo del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes del colegio. Después, el Juzgado Segundo Civil Del Circuito de Oralidad de Ocaña confirmó la decisión y amplió el fallo para que la Gobernación de Norte de Santander tome medidas frente al caso.
Mientras se define una solución definitiva a la problemática, la gobernación deberá hacerse caso de mejorar la vía que conduce a la institución educativa Edmundo Velásquez del corregimiento de Otaré. Esa fue la orden del Juzgado a la Gobernación de Norte de Santander, por lo que la Secretaría de Vías e Infraestructura en conjunto con las alcaldías de Ocaña y El Carmen serán las encargadas de cumplir con la garantía de los derechos de los menores.
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Para solucionar la situación en la vía será necesario la concertación, formulación y ejecución de proyectos. Por eso, el juzgado le dio tres meses a la gobernación “para apropiar los recursos necesarios para el restablecimiento definitivo de la bancada vial y llevar a cabo las obras de contención y drenaje”, explicó la Defensoría.
La decisión no solo beneficia a los estudiantes del colegio Edmundo Velásquez, sino que también vela por la integridad de la población en general. De hecho, esto representa una ganancia para los habitantes de las zonas aledañas, pues la vía comunica el corregimiento de Otaré con el de Guamalito, algunas zonas veredales e incluso el municipio de El Carmen.
Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro estuvo recientemente en un municipio de Norte de Santander: El Tarra. El primer mandatario resaltó las condiciones en la que viven los habitantes y aseguró que habrá más diálogo y que la subregión del Catatumbo será la “capital” y la “primera línea” de la paz en Colombia.
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