Debate por la propuesta del ministro de Justicia sobre la aplicación de justicia restaurativa

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, propuso un nuevo enfoque para la justicia en Colombia, que conllevaría a algunos cambios que no han sido presentados en el Congreso. Para ilustrar su propuesta, el líder de la cartera puso un ejemplo que fue ampliamente criticado: el de cómo los ladrones de celulares tendrían no solo que devolver el equipo a sus víctimas, sino también pagar seis meses de su plan de telefonía a modo de indemnización.

El modelo que tratará de incorporar el nuevo funcionario del gobierno al sistema es el de justicia restaurativa, que no es nuevo en el debate colombiano, pero que ha sido más conocido en espacio de acuerdos de paz.

De acuerdo con Naciones Unidas, este enfoque se define como: “un proceso para resolver el problema de la delincuencia, enfocándose en la compensación del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones y también, a menudo, involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto”.

Incluso, como lo señaló Yesid Reyes en su artículo para la Revista Cambio, este terminó ya se aplica para algunos casos en Colombia, al menos 50 conductas punibles, entre esas:“las lesiones personales con incapacidades inferiores a 60 días, la injuria y la calumnia, las lesiones personales culposas como las que suelen ocurrir en accidentes de tráfico, así como el hurto y la estafa en cuantía inferior a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. La razón detrás de esto se encuentra en el actual Código de Procedimiento Penal que salió en el 2004.

Adicionalmente; y como lo mencionó el Rodrigo Uprimmy, a nivel internacional se ha demostrado que la justicia punitiva no funciona de la forma esperada, por lo que otros países han optado por reenfocar su sistema y han obtenido buenos resultados. Además, ayuda no solo a la resocialización de algunos casos, sino a hacerle frente al sistema carcelario que, en Colombia, lleva años con diferentes problemas, entre eso, hacinamiento y problemas de infraestructura.

“Los resultados de la justicia restaurativa, conforme a ciertas evaluaciones, como la realizada por la Universidad de Sheffield de tres programas en Inglaterra, son prometedores en términos de mayor satisfacción para las víctimas y reducción de la reincidencia”, escribió en un artículo para El Espectador.

Pese a los argumentos anteriores, para algunos el problema ha sido el mensaje transmitido por el ministro que es erróneo, teniendo en cuenta que, si bien puede funcionar, debe pensarse de forma cuidadosa como aplicaría: “Si el señor no tiene trabajo, a la víctima tampoco le servirá que el ladrón vaya preso. Tenemos que pensar en trabajo social”, puntualizó el abogado Francisco Bernate, a la Revista Semana.

En este mismo sentido, el senador Humberto de la Calle anotó: “La propuesta es razonable, pero el ejemplo del robo de celulares es desafortunado porque la sociedad lo percibe como una plaga armada con muertos a bordo. Mejores ejemplos: cheques chimbos, inasistencia alimentaria, pequeñas estafas”.

Incluso, pese a que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha sido uno de los grandes aleados del gobierno nacional, se pronunció en contra de la iniciativa:“Hay que tener cuidado porque si a un ladrón le dicen que tiene que pagar con un celular nuevo, va y roba otro celular. Lo que necesitamos es castigar al ladrón, eso es un hecho y sobre todo evitar que ocurran robos”.

Por ahora, el gobierno tendrá que trabajar en el documento para presentarlo de forma oficial ante el legislativo y se lleve a cabo el debate que permita su aplicación.

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