Los pueblos indígenas piapoco, macuna y uitoto, agrupados en el Colectivo Rotigoeo Uruk, avanzan en la recuperación de 113.705 hectáreas ubicadas en zona rural del municipio de Solano (Caquetá) las cuales corresponden a su territorio ancestral.
Así lo confirmó la admisión de la demanda y el decreto de medidas cautelares por parte del Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras en Caquetá, una vez analizada la documentación presentada y la determinación del riesgo inminente de desaparición de esta comunidad indígena.
Estos grupos ancestrales han logrado sobrevivir a varios hechos de violencia que van desde la esclavitud a la que fueron sometidos por las empresas caucheras que operaron en la zona en los años setenta, hasta la arremetida violenta por el control territorial y las economías ilícitas que lideraron los grupos de guerrilla y paramilitares, que han operado históricamente en la zona y que se intensificó en los años noventa.
A los sucesos mencionados, se suma la deforestación que se vivió en la zona entre 2000 y 2003, la cual se enfocó en la comercialización de madera y el impulso de actividades mineras ilegales. Estos hechos llevaron al Colectivo Rotigoeo Uruk a pronunciarse ante los grupos violentos, que silenciaron a la comunidad mediante amenazas y hostigamientos.
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Así lo hicieron:
“La violencia recurrente contra nuestros pueblos atentó de manera flagrante la cosmogonía, cultura y vivencias, perdiendo desde un principio la autonomía a la que, como comunidad, tenemos pleno derecho debido a amenazas y actos hostiles que, incluso, nos convirtieron en víctimas de destierros, secuestros y abusos que, precisamente, hoy motivan a la justicia a impartir medidas cautelares para detener el exterminio de los pueblos indígenas del Caquetá”.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras en Caquetá ordenó la implementación de programas de asistencia, atención y ayuda humanitaria, los cuales deben salvaguardar su cultura con un trato que tenga como premisa el enfoque diferencial de género y la edad de los miembros de la comunidad.
El objetivo de la demanda es lograr que se fortalezca el proyecto de vida de esta comunidad mediante una atención integral, con acciones concretas que deben liderar entidades como el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
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La restitución de tierras es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando este fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. “La ley de Víctimas no solo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna”, señala la Unidad para las Víctimas.
“Las personas que tienen derecho a la restitución de tierras son aquellas propietarias o poseedoras de predios o explotadoras de baldíos que hayan sido o sean víctimas del despojo o abandono forzado de sus tierras a causa del conflicto armado, desde el 1 de enero de 1991 hasta el 10 de junio de 2021″.
Todos los que han sido víctimas de despojo o abandono forzado, incluyendo a la población desplazada, tienen derecho a que se les restituyan sus tierras. Hay muchas víctimas que no fueron desplazadas de sus predios, pero que por acciones tramposas sus tierras se encuentran a nombre de otras personas. En estos casos también procede la restitución.
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