Tras la visita de Gustavo Petro en la región de La Mojana, el presidente pudo ver de primera mano la situación de los damnificados de la ola invernal. Los gobernadores de Córdoba y Sucre le pidieron ayuda al gobierno nacional, con el fin de obtener recursos y materiales para ayudar a las poblaciones afectadas. Tras un año de la ruptura del Canal del Dique, en este territorio, el mandatario aseguró que la tragedia puede ser peor que la de hace una década, por eso, dentro de sus propuestas está reubicar municipios en latifundios y grandes tierras, que él considera improductivas. Como era de esperarse, vuelven los temores de la expropiación, la controversia no se ha hecho esperar.
“Aquí tenemos un problema complejo, se hizo una obra en un gobierno de un expresidente que no sirvió, estuvo mal planteada, fue plata perdida (...) Hay que reubicar poblaciones de manera permanente hacia tierras no inundables. El costo de esa operación podría ser asumida entre grandes propietarios de tierras y el Estado”, aseguró el presidente durante su visita a La Mojana.
Aunque hay algunos terrenos que ya tiene el Estado, los cuales se encuentran incautados por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, el tema que los grandes propietarios asuman ese traslado, se realizaría mediante cobros de valorización, cuyos recursos serían destinados para esto.
De hecho, el presidente hizo un estimado de lo que tendría que destinarse en dichas reubicaciones, que son obligatorias, pues en palabras de él, es el ciclo natural de la vida, el agua buscando su espacio:
“En el mediano plazo, para hacer esas obras, lo que hemos propuesto es que el Estado pone el $1 billón, pero los propietarios del 80% de La Mojana, que son el 10%, paguen la valorización en tierra. Eso implicaría que, al menos, 30% de esa tierra, hoy en su poder, pase al Estado para entregárselas a los campesinos. La simple obra nos permitiría mejorar la estructura social de tenencia de la tierra, de tal manera que la inversión pública produzca equilibrio con la naturaleza, por un lado, y justicia social por el otro”.
Precisamente los propietarios, que se representan como agricultores, señalan que no es cierto que existan terratenientes, latifundistas o hacendados, solo son campesinos tratando de trabajar la tierra.
Estos propietarios le piden al gobierno nacional que, en vez de hacerlos asumir dichos costos se terminé la obra que dejó el gobierno Duque, o en su defecto, que se sienten a dialogar para llegar a un acuerdo por estos terrenos.
En diálogo con El Tiempo, el presidente de Fedegán, José Félix Lafurie, aseguró que aunque el Estado si debería hacer dichos cobros de valorización, de hecho, en caso de no tener con que pagar se debería contemplar la opción de hacer el canje con tierra: “Si el Estado se gasta uno o dos billones de pesos tratando de mejorar la disposición de tierras, es totalmente válida una valorización, y el que no tenga, que le entregue tierras para los campesinos”.
El presidente Petro manifestó que aunque esa propuesta puede mitigar daños y emergencias en un mediano plazo, el país debe seguir insistiendo en hacer un ‘Pacto por la Mojana’ que garantice la seguridad alimentaria, pues es inevitable que a estos territorios vuelva el agua:
“Lo que hemos propuesto para La Mojana es, aceptando que esas obras puedan ser una solución de mediano plazo digamos de unos 30 años, que se haga un Pacto por La Mojana, ahora llevamos comida, ahora llevaremos algo de dinero, ahora reubicaremos, con los predios de la SAE (Sociedad de Activos Especiales) y comprando tierras, a la población, porque el agua retoma su espacio, esa es la realidad de la vida y hay partes en donde ya el agua siempre vendrá, siempre vendrá; luego, lo que ahí toca es reubicar hacia donde el agua no llega y se esté cerca del agua. Eso en el corto plazo”.
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