Poco más de 140 proyectos de ley se han radicado en los 38 días de posesionado del Senado, mientras que en la Cámara de Representantes van casi 150, unos muy conocidos, como la reforma tributaria, la reducción del salario de los congresistas, entre otros que ya se están debatiendo; han tenido una fuerte repercusión, pero hay algunos muy particulares, por lo que pretenden y por lo que se pueden convertir.
Las Guardias Campesinas
El proyecto radicado por el Partido Comunes, busca que se organicen grupos comunitarios, que pretenden la “la protección permanente a la vida, el ambiente, el territorio y la identidad campesina”.
El proyecto para algunos sectores se tomó como la legitimación de estos grupos, que se pueden convertir subversivos o paramilitares, a lo que Comunes aseguró que estos tendrían un enfoque civil, esto lo declaró la senadora Sandra Ramírez en diálogo con W Radio:
“Es un proyecto de ley para reconocer esos procesos comunitarios que no son de ayer, sino que las comunidades han venido construyendo desde hace mucho tiempo debido al abandono Estatal, dado lo que se ha visto y vivido en el territorio. Son guaridas campesinas de carácter civil, especificamos que no son armados y su función debe ser la defensa de derechos humanos, la defensa del medio ambiente, del territorio”.
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La protesta social
Sin lugar a dudas, una de los puntos de inflexión de este gobierno y legislatura es el tema de las manifestaciones, el país hasta ahora se está recuperando de lo que dejó el Paro Nacional y el tema fue motivo de debate durante las campañas electorales. No obstante, ya se han empezado a intentar regular ciertos aspectos, como el de la intervención de la fuerza pública.
Pues el Partido Comunes pasó un proyecto de ley con el que se busca prohibir que las fuerzas militares intervengan durante el desarrollo de cualquier protesta o manifestación social. Este movimiento también ha propuesto reformas a las políticas electorales, órganos de control, entre otros.
Policías y militares con derecho a votar
Uno de los más polémicos y controvertidos es que la fuerza pública tenga la posibilidad de sufragar, además de tener escaños en el Congreso que los representen particularmente con ellos. Hay que tener en cuenta que son unas 500 mil personas que hacen parte de estas instituciones, quienes no tienen posibilidad de votar.
Desde 1930, el presidente Enrique Olaya Herrera decretó que policías y militares no podían votar, expidiéndose la Ley 72 de ese año; con el fin de que las instituciones sean instrumentalizadas por los partidos políticos.
Uno de los ponentes, el representante a la cámara por Santander, Juan Manuel Cortés, considera que es tiempo de levantar esa restricción:
“Los sesgos y limitaciones de la época ya no se vislumbran ahora por la independencia de criterio de los ciudadanos, la cultura democrática, el acceso a la información y la evolución de los derechos en las relaciones de poder”, señaló el congresista de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
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Quitarse el condón sin consentimiento sería considerado violencia sexual
El Partido Liberal radicó un proyecto que busca dar cárcel a quienes practiquen el ‘stealthing’ (retirarse el preservativo en medio del acto sexual sin conocimiento de la otra persona), el tema muy polémico por demás; alega que es una clara vulneración a los derechos de protección sexual, por ejemplo, que puede motivar al contagio de enfermedades de transmisión sexual.
“Hemos planteado, porque puede ser mucho más funcional para el afectado, que por ejemplo se obligue a aquella persona a practicarse pruebas para detectar enfermedades sexuales, para que sean entregadas a la persona que tuvo el contacto, pero también se impondrían multas económicas, que impliquen una sanción monetaria en favor de esa persona”, dijo uno de los ponentes, Julián Penado, en diálogo con Caracol Radio.
Uno de los inconvenientes del proyecto es la forma de comprobar que efectivamente se dio esta práctica, lo que lleva un gran reto a la rama judicial, con la recopilación de pruebas y estrategias que permitan determinar si se incurrió o no en dicho delito.
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