Gustavo Petro le propone a los grupos armados ilegales iniciar el proceso de diálogo con un cese multilateral del fuego

Este sábado 27 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le propuso a los grupos armadas ilegales que han manifestado su intensión de entablar conversaciones con el Gobierno nacional empezar el proceso de diálogo con un “cese multilateral de hostilidades”.

Así lo confirmó el primer mandatario en medio de su intervención en el Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV), que fue instalado en el municipio de Ituango, norte del departamento de Antioquia, en el que confirmó que todas las organizaciones que hacen presencia en esta localidad al noroccidente de Colombia han expresado su intensión de buscar una salida dialogada al conflicto.

“Ese sería el clima más apropiado para generar la fuerza de la sociedad que nos permita legitimar un fin definitivo de la violencia armada y el conflicto armado que vive el país (...) La seguridad humana se mide en vida, otras seguridades se medían en muertos y bajas. Esta la queremos medir en vidas”, señaló el presidente Petro.

A su vez, señaló que es importante que estas estructuras criminales, que han expresado su disposición de diálogo, designen a un grupo de negociadores “legítimos” para iniciar las conversaciones con el Gobierno nacional, explicando que en muchos casos no se tratará de negociaciones políticas, sino de acogimientos a la justicia, como en el caso de los integrantes del Clan del Golfo, considerada la banda criminal más grande del país.

Por otra parte, instó a las autoridades locales para iniciar unos diálogos regionales en los que se contemple la discusión de proyectos sociales y de infraestructura para el bienestar de las comunidades y para la vinculación de los miembros de agrupaciones criminales a una “visión de prosperidad en el territorio”, lo que permitiría una alternativa a las actividades ilícitas.

“Porque no simplemente es decirle a una persona: ‘oiga desármese’. ‘No, pero si la cocaína me da para comer’. No, tenemos alternativa para esa cocaína que puede ser mejor que esa economía porque es el plan del territorio para la prosperidad de su propia sociedad. Secundado y fortalecido por el mismo presupuesto nacional, es decir por el dinero público de toda Colombia”, indicó el mandatario.

Por otra parte, explicó que uno de los factores que han hecho que perdure la violencia en el país son las economías ilegales, como la cocaína y la minería ilegal en el caso de Ituango, razón por la cual se comprometió a construir una política frente a la minería, señalando que en el caso del narcotráfico existen propuestas como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

“Las economías ilegales son el motor de la violencia. Con relación a la coca, los gobiernos han construido políticas que hablan de sustitución voluntaria de cultivos, pero frente a la minería ilegal no hay política pública. Mientras existe un balbuceo con la coca, no hay una línea de acción del Estado de la minería que llaman ilegal, que muchas veces se confunde con la minería ancestral, tradicional y la pequeña minería”, indicó el mandatario.

Por último, señaló que la construcción de la paz debe estar vinculada a las alternativas que se consoliden en los territorios, en la que se aborden algunos de los motores de la violencia como las economías ilegales y en el que se tomen en cuenta las voces y de los pobladores.

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