El informe revelado por el Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, las cifras muestran que 542 niños, niñas y adolescentes colombianos han sido víctimas de reclutamiento forzado por grupos armados.
La investigación se tomó a partir del 26 de septiembre desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016 y hasta el 21 de agosto de 2022. Los principales responsables de la integración forzosa de niños dentro de sus filas son: disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, y otros grupos al margen de la ley.
En los departamentos que más se frecuenta esta abominable práctica son Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander.
De acuerdo con el informe, el rol que juegan los menores de estas estructuras criminales es el de cumplir funciones específicas de “informantes, vendedores de estupefacientes anclados a actividades de microtráfico, repartidores de panfletos, personal de trabajo en los campamentos y también como víctimas de trabajo sexual”, indica el informe.
Dentro del reporte también se conoció que en los ocho meses transcurridos del presente año se han registrado 87 casos de reclutamiento; pero no se descarta que la cifra siga en aumento.
La cruel práctica se aplicaría bajo amenaza y extorsión, principalmente en familias campesinas que no tienen más opción que entregar a sus hijos a las filas de estos grupos criminales para ser llevados y entrenados con armamento, manejo de explosivos y temas de narcotráfico.
La cifras que reveló el Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz es un aproximado, pues aún hay denuncias en curso y por esta razón no se ha podido determinar de manera exacta el número total de las víctimas.
A pesar de la especificación de los responsables de este reclutamiento, se determinó que en un 24% de los casos se desconoce qué organización criminal se llevó a los menores en los últimos seis años.
“El reclutamiento forzado es una estrategia usada por todos los grupos armados y es posible afirmar que se acentúa en algunas regiones. Por ejemplo, en el Pacífico y en algunos municipios del Chocó, el ELN está relacionado con el 73% de los casos, mientras que el Clan del Golfo tan solo en el 21 %. En esta región las disputas por el control territorial entre estas estructuras criminales han afectado a comunidades indígenas y afrodescendientes”, se puede leer en el comunicado.
Hace unos meses la Defensoría del Pueblo publicó un balance del reclutamiento forzado en el territorio nacional, donde identificó en esa instancia a mediados de julio, que el departamento de Caquetá junto a Cauca, Antioquia, Putumayo y Tolima son los más afectados por este flagelo producido por la ilegalidad y grupos armados.
“La prevención del reclutamiento se enmarca en un conjunto de planes, programas y proyectos que desarrolla el Estado, la sociedad y la familia para asegurar el ejercicio y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y evitar que sean reclutados y/o utilizados por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados”, señaló el órgano de control.
Este llamado del Ministerio Público a los entes territoriales se desprende del informe que adelantó sobre las “acciones preventivas en reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados y grupos delincuenciales organizados”, en el que analizó el grado de inclusión de las temáticas relacionadas con los menores en las secciones de diagnóstico, programas y y presupuesto de los planes de desarrollo territorial.
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