Este fin de semana finalizará la quinta sesión de la Conferencia Intergubernamental para la negociación del Tratado sobre Biodiversidad Marina en Áreas Más Allá de la Jurisdicción Nacional. El objetivo del encuentro, que inició el 15 de agosto, es que los países miembros de Naciones Unidas se pongan de acuerdo sobre las formas para proteger y gestionar las aguas internacionales a través de un instrumento de obligatorio cumplimiento.
Las aguas de altamar cubren el 64% del planeta y son llamadas ‘aguas de nadie’. Paula Bueno, especialista en política internacional de WWF Colombia, le dijo a Infobae Colombia desde Nueva York, ciudad donde se realiza el encuentro, que:
“Primero que todo debemos entender muy bien cuál es el valor de estas aguas internacionales o aguas de altamar, contienen recursos de altísimo valor para la biodiversidad, a través de un conjunto de especies, procesos ecológicos y servicios que sustentan la vida dentro de nuestros territorios continentales”.
El tratado oceánico en negociación busca guiar a los Estados a través de un mecanismo de gobernanza robusto y equitativo a fin de conservar y hacer un uso sostenible de los recursos compartidos en altamar.
Estas aguas de altamar son claves en la lucha contra el cambio climático, pues son hábitats naturales para miles de especies y claves para algunas migratorias como ballenas, delfines o tortugas, además, absorben tanto carbono como la Amazonía.
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El Estado colombiano, que hace parte de Naciones Unidas, tiene una postura sobre el tratado. El Ministerio de Relaciones Exteriores le dijo a Infobae que: “Colombia es un país bioceánico y megadiverso que otorga la mayor importancia a la conservación y el empleo sostenible de la diversidad biológica”.
“Junto con otros países de la región, se consolidan posiciones ambiciosas frente a la negociación de este instrumento internacional jurídicamente vinculante relativo a la biodiversidad marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, con miras a que dichos recursos biológicos sean conservados y que su utilización legítima sea sostenible y derive en beneficios equitativos para todos los países”, concluyó el ministerio.
Estos ecosistemas soportan toda la actividad pesquera a nivel mundial. Por esa razón, el mecanismo internacional busca beneficiar a aquellos que dependen de la pesca para su seguridad alimentaria y para sus formas de vida, poniendo restricciones mediante áreas protegidas que previenen de la sobrepesca y otras prácticas destructivas.
Las aguas de altamar también albergan una cantidad de diversidad genética incalculable que son cruciales para el desarrollo de la investigación científica y médica.
A pesar de los beneficios que poseen las aguas de nadie, la especialista de WWF Colombia explicó que los ecosistemas están en una condición alarmante, “principalmente porque no existe uno único organismo que reglamente o regule las actividades humanas en estas áreas. El resultado debe ser un tratado robusto y que involucre a todas las partes que integran Naciones Unidas”, señaló Paula Bueno.
El comité que busca el acuerdo del tratado empezó a reunirse desde 2018 y ya ha sostenido dos reuniones, antes que se tuviera que interrumpir el proceso por la pandemia, “se espera que este sea el último empujón para culminar la elaboración del texto completo del tratado”, le comentó Paula Bueno a Infobae Colombia.
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Aunque existe la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo, la especialista de WWF, organización no gubernamental fundada en 1961 que se encarga de la conservación del medio ambiente, destacó el primer borrador que se construyó en los diez días que ha venido trabajando el comité intergubernamental.
“El texto que ha salido incorpora los cambios y sugerencias que los delegados de los países han hecho en la reunión. Presenta varias opciones claras respecto a cada uno de los elementos del tratado, por lo que se considera que es una buena base para la negociación. Sin embargo, es importante reconocer que hace falta avanzar en un texto completo que sea robusto y ambicioso”, destacó Bueno.
Por su parte, para la Cancillería, el acuerdo busca establecer mecanismos efectivos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en estas zonas, que actualmente no se encuentran integralmente reguladas o protegidas por otros instrumentos internacionales, ni por las legislaciones nacionales.
“La biodiversidad presente en estas zonas está actualmente sometida a diferentes problemáticas como la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático y solo a través de la regulación de actividades coordinadas entre todos los Estados será posible su conservación y uso sostenible”, le respondió el Gobierno nacional a Infobae Colombia.
Uno de los temas más importantes en las negociaciones es la definición de los alcances y reglas para adelantar las evaluaciones sobre el impacto ambiental, “este es uno de los elementos más álgidos de la negociación, dado que los países deben definir grandes responsabilidades a su cargo, además de analizar si deben o no acompañarse de actores externos para dichas evaluaciones”, afirmó Bueno en su conversación con este medio.
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Otra de los aspectos destacados de las negociaciones es que se establecen las reglas para el acceso a los recursos de las aguas de altamar, “establecer estas reglas de juego resulta muy complicado dado que no existen todas las capacidades requeridas y de manera equitativa, para la inversión y el monitoreo que se requieren en estas aguas”, resaltó la especialista.
Actualmente, pocos países del mundo cuentan con las condiciones económicas y tecnológicas para realizar actividades de investigación, exploración y explotación en zonas de altamar. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores:
“Dichas actividades pueden generar tanto afectaciones a la biodiversidad en esas zonas como beneficios para quienes las ejecutan. El instrumento busca prevenir y mitigar las afectaciones y distribuir equitativamente los beneficios del uso de un recurso que, al estar fuera de la jurisdicción de los Estados, pertenece y concierne a toda la humanidad”.
Para poder subsistir, la humanidad depende enteramente de los servicios que brinda la naturaleza, incluyendo aquellos que regalan los océanos, por eso la necesidad de protegerlos. Uno de las acciones que más afectan a estos cuerpos de agua es la minería en fondos marinos.
“Hoy por hoy este tipo de minería está generando un gran interés en ciertos sectores económicos, incluso por los procesos de transición energética en los que nos estamos viendo todos sumados, el tratado podría proteger a los países de los efectos de esta minería”, enfatizó Paula Bueno.
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Aunque desde muchos sectores se especuló que la negociación del tratado podría ayudar en el conflicto entre Colombia y Nicaragua, países que mantienen una disputa por décadas sobre las aguas y la soberanía del archipiélago de las islas de San Andrés y Providencia, la Cancillería fue enfática en responder:
“Las negociaciones y el eventual instrumento nada tienen que ver con los asuntos entre Colombia y Nicaragua. Este instrumento se ocupa de áreas más allá de la jurisdicción nacional y de hecho no es aplicable a un mar semicerrado como lo es el Caribe. Además, en las negociaciones todos los Estados han dejado claro que ninguna actividad realizada bajo las disposiciones del acuerdo podrán invocarse como base para hacer valer, apoyar, promover o negar reivindicaciones en materia de soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción”.
Las expectativas de quienes impulsan el tratado es que pueda firmarse lo más rápido posible y se pueda implementar de manera efectiva, “contribuirá a la generación de mejores prácticas en estos espacios oceánicos, a la comprensión de lo que tenemos allí en su totalidad, hoy conocemos más sobre lo que existe en la luna que en las aguas submarinas”, finalizó la especialista de WWF Colombia.
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