Federación Nacional de Departamentos advierte que incrementar el impuesto a los cigarrillos aumentaría el contrabando

El director ejecutivo de la federación emitió un comunicado en el que reconoce la importancia de este tributo, pero propone que el aumento en la recaudación se haga por otras vías

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El informe señala que varios
El informe señala que varios gobiernos se "dejaron convencer por el doble discurso" de multinacionales como Philip Morris, British American Tobacco y Japan Tobacco para que aprobaran sus nuevos productos de tabaco con el pretexto de que servían para alejarse de los cigarrillos. Foto de archivo. EFE/ Ballesteros

Ante la necesidad del gobierno Nacional por aprobar la reforma tributaria que sigue su curso en el Congreso de la República, se han planteado varias alternativas para obtener mecanismos que permitan alcanzar la meta propuesta por el Ministerio de Hacienda, cifra que corresponde a los $25 billones de pesos. Al respecto, se planteó desde algunas bancadas el aumento en el tributo al consumo de cigarrillo.

Como respuesta a esta propuesta, la Federación Nacional de Departamentos (FND) a través de su Programa Anticontrabando, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación de gravar aceleradamente los cigarrillos que se comercializan en el país. Desde la federación advierten que el amento de este tributo tiene una correlación directa con el contrabando y la financiación de grupos armados y estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.

La FND asegura que a lo largo de los años han trabajado para combatir la entrada ilegal al país de productos como cigarrillos, cervezas y licores en general. No obstante, señalan que generar una carga impositiva sobre estos productos, y en especial el cigarrillo, elevaría el contrabando en el país. En este sentido, aseguran que no habría una disminución en el consumo, sino un cambio de producto legal a ilegal.

“Aunque existen dos motivaciones para incrementar los impuestos a los cigarrillos que son tener una fuente adicional de ingresos para la salud  y buscar la reducción de la incidencia de consumo de cigarrillo en la población, el contrabando es el costo de esta implementación”, sostuvo Didier Tavera Amado, director ejecutivo de la FND.

Según las cifras que se exponen en el comunicado, Colombia habría dejado de recaudar más de $2.4 billones de pesos en los últimos cuatro años por el consumo ilegal de cigarrillos, luego de la entrada en vigencia de la ley 1762 de 2015, legislación que regula la lucha contra el contrabando en el país.

Además de esta cifra, la FND, muestra a través del estudio “finanzas Territoriaes y Contrabando de Cigarrillos en Colombia” realizado por Fedesarrollo que después del 2016, momento para el que se aprobó la reforma tributaria vigente en el país, los productos comercializados e ingresados por medio del contrabando en el país pasaron de 13 por ciento al 34 por ciento en 2020, la cifra más alta desde el 2011.

Por otro lado y, según las cifras que recogen de Euromonitor, con el gravamen impositivo sobe los cigarrillos, las ventas legales de este producto en el país cayeron 6,1 por ciento entre 2016 y 2017, mientras que entre el 2017 y el 2018 las ventas se contrajeron un 20,4 por ciento, las ventas más bajas registradas en los últimos 15 años.

Frente a esto, la adquisición ilegal de cigarrillos por parte de adultos fumadores pasó de un 9 por ciento en 2016 a un 25 por ciento en 2020.

“El incremento de la carga impositiva debe ser paulatino, ya que el aumento exponencial o un cambio abrupto en el impuesto puede impactar negativamente en el consumo de cigarrillos legales, fortaleciendo las redes delincuenciales y disparando el contrabando en el país”, concluyó Didier Tavera.

Con este panorama, la federación pide que se revisen las zonas de régimen especial aduanero para adoptar medidas que promocionen el consumo legal del tabaco. Así como también proponen la regulación de la comercialización de los vapeaderos en el país, toda vez que viene incrementando de manera importante, de esta manera aseguran que se puede obtener un ingreso adicional que estaría destinado a fortalecer las finanzas de la región para invertirlas en el sistema de salud que opera en las regiones.

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