El jueves 25 de agosto fue instalada la comisión accidental para verificar las garantías y los derechos de las personas que son detenidas durante las protestas sociales en el país. Dicha sección, además de hacer veeduría al cumplimiento del debido proceso por parte de las autoridades y evitar así detenciones ilegales, tendrá que poner en conocimiento de los entes correspondientes las irregularidades que puedan ocurrir dentro de las manifestaciones.
A través de su cuenta de Twitter, el representante Alirio Uribe Muñoz precisó que otra de las tareas que tiene esta comisión es la de “alcanzar la Libertad de todos los líderes sociales, jóvenes y estudiantes privados de la libertad ilegalmente durante las movilizaciones, en Colombia y en exterior” y añadió al respecto que no puede haber politización en el ejercicio de la justicia. Además, explicó ocho puntos aprobados para garantizar las condiciones de quienes son detenidos.
En ellos, se contempla una reforma al Orden Público, al Código Penal, a la Ley de seguridad ciudadana y otras normatividades a los sectores de interior, justicia y paz. También el congresista precisó que habrá una audiencia pública “contra la criminalización de la protesta” el próximo 5 de septiembre a las 2:00 de la tarde. Allí, se hablará sobre la situación de garantías judiciales y de derechos humanos que tienen los liderazgos sociales.
“Por la paz total vamos por la justicia sin impunidad”, expresó Uribe Muñoz. Por su parte, Susana Boreal, representante a la Cámara del Pacto Histórico, señaló, en esa misma línea, que también se realizarán visitas humanitarias a los detenidos y audiencias públicas para el cumplimiento de derechos de los manifestantes aprehendidos.
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Por su parte, Heráclito Landinez, del mismo partido, detalló que con esta comisión accidental no habrá interferencias con la justicia “pero verificando que se cumplan todos los procedimientos y todas las garantías que tienen los ciudadanos y jóvenes al defenderse”.
De paso, invitó a entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación para que identifique y acompañe los casos que se puedan registrar en las manifestaciones. En la sesión donde fue instalada la comisión, el representante por el partido Comunes, Carlos Carreño, denunció que dentro de las protestas han trasladado jóvenes detenidos a la cárcel de Valledupar “que es un campo de concentración”.
Ya había un antecedente a la creación de esta sección. Previo a su posesión, el presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de excarcelar a todos los jóvenes que fueron encarcelados por su participación en actos como el paro nacional de 2021.
“Vamos a buscar en una estrategia de los primeros cien días que permita buscar qué se puede hacer con el mecanismo de defensa del Estado, presentar algunas solicitudes dentro de los procesos, ayudar a defender a los muchachos, cosas de ese estilo. No estamos hablando de cambiar la ley y mucho menos de sustituir los jueces”, indicó a comienzos de mes Mauricio Lizcano, otrora jefe de empalme del jefe de Estado y actual director del Dapre.
Los representantes que integran la comisión accidental son:
Jorge Hernán Bastidas Rosero
Alirio Uribe Muñoz
Susana Gómez Castaño —Susana Boreal—
Leyla Marleny Rincón Trujillo
Emes Evelio Pete Vivas
Carlos Alberto Carreño Marín
Jairo Reinaldo Cala Suárez
Gabriel Becerra Yáñez
Leider Alexandra Vásquez Ochoa
Jorge Andrés Cancimance López
Gabriel Ernesto Parrado Durán
Carmen Felisa Ramírez Boscán
Etna Tamara Argote Calderón
Luz Marina Múnera Medina
Heráclito Landínez Suárez
Alfredo Mondragón Garzón
Erick Adrián Velasco Burbano
David Alejandro Toro Ramírez
Eduardo Giovanny Sarmiento Hidalgo
Normal David Bañol Álvarez
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