Reacciones al anuncio de suspensión de bombardeos en campamentos criminales con menores: “Es un grave error”

El Ministerio de Defensa anunció que no se autorizarán operaciones que pongan en riesgo la vida de menores víctimas de reclutamiento forzado ni población civil

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El gobierno de Gustavo Petro propuso un cambio en las políticas de seguridad, en los que el ministro de Defensa, Iván Velásquez ya dio algunos pasos al considerar a los menores que integran los grupos armados como víctimas de la violencia y por tanto sujetos de protección en la ejecución de operaciones militares. Su orden será que prime la vida sobre las muertes y no se realicen bombardeos cuando haya evidencia de la presencia de población civil.

La decisión generó debate pues ese tipo de operaciones fueron cuestionadas en el pasado gobierno del presidente Iván Duque y le cobraron siete debates de control político contra sus ministros de Defensa en el Congreso. Según dijo el congresista Iván Cepeda en uno de los debates, con cifras de Medicina Legal, “en, por lo menos, 12 de 31 bombardeos documentados realizados por las FFMM han muerto 29 niños, niñas y adolescentes”.

El pasado gobierno defendió los operativos al afirmar, en palabras de Diego Molano, que los jóvenes reclutados hacían parte de hostilidades y habían sido convertidos en “máquinas de guerra”. Así mismo, que su uso en la guerra tenía la intención, según dijo, de limitar el uso de la fuerza legítima del Estado.

La reacciones a la orden del Ministerio de Defensa

Los miembros del Gobierno, que cuestionaron en el pasado la muerte de menores en operaciones militares, y de la oposición, que defendieron la legitimidad del uso de la fuerza entonces, han expresado su posición respecto a las directrices de seguridad que manejará la nueva administración.

“Lo peor de suspender los bombardeos es que el propio Estado está creando un incentivo que abre la puerta al reclutamiento intensivo de menores, es un grave error; de ahora en adelante el reclutamiento se va a convertir en la batería antiaérea de los grupos ilegales”, sostuvo el representante del Centro Democrático Christian Garcés.

La senadora Paola Holguín y Miguel Uribe, de esa misma bancada que se ha declarado en oposición, cuestionaron quién ganaba con los beneficios de no extradición, limitación de la erradicación forzosa y la suspensión de bombardeos, políticas anunciadas por el nuevo gobierno en materia de lucha contra el crimen.

“Anuncio del Ministro de Defensa genera preocupación: incentiva el reclutamiento de menores (que ya es práctica de las estructuras criminales), promueve su instrumentalización para evitar los bombardeos y paraliza acción de la Fuerza Pública”, sostuvo Holguín.

El exembajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, señaló que la decisión en “un gran error” porque, en su concepto expresado a Semana, genera un incentivo para el reclutamiento de menores. “Todo lo que está haciendo Petro es desmontar la fuerza pública para que proteja a los ciudadanos y esto lo único que va a tener en un par de años es un país que se va a parecer más a México y una fuerza pública entregada a no hacer nada”, señaló.

Los bombardeos se mantienen, pero su ejecución dependerá de la información de inteligencia y la evaluación del daño para reducir al máximo cualquier afectación en la población civil o cualquier menor de edad, que ahora será considerado víctima y no actor beligerante.

“Este no es un asunto de voluntad o capricho, es obligación del Estado. El argumento de que tomar una medida que respete el derecho humanitario va a favorecer a los criminales, es una manera de desarrollar un concepto en el cual hay que utilizar toda clase de métodos. Eso fue lo que llevó a los falsos positivos, eso es lo que ha llevado a la degradación del conflicto armado”, sostuvo el senador Iván Cepeda en W Radio.

“¡Se acaba de ordenar suspender bombardeos a lugares con presencia de niños! Gracias ministro Iván Velásquez, son noticias que cuidan la vida. 22 niños asesinó el gobierno Duque en 7 de 36 bombardeos que hizo. El Ejército puede ser contundente contra el crimen sin asesinar niños”, sostuvo el concejal de Bogotá, Diego Cancino, quien hace seguimiento a abusos por parte de la fuerza pública.

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