Extradición de Álvaro Córdoba: abogada espera que Gustavo Petro revise un posible “vacío legal” en el trámite

Ludy Valentina Santiago manifestó que con “los procedimientos que se han llevado a cabo, al criterio del equipo de trabajo, se viola el principio de legalidad”

Guardar
Extradición de Álvaro Córdoba: abogada
Extradición de Álvaro Córdoba: abogada espera que Gustavo Petro revise un posible “vacío legal” en el trámite Captura de pantalla

El caso de la extradición por narcotráfico de Álvaro Córdoba Ruíz, el hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, tiene un nuevo capítulo. La defensa del procesado alegó que existe un posible “vacío legal” en el trámite para trasladar a su cliente a los Estados Unidos y por eso le pidió al presidente Gustavo Petro revisar el proceso que se está adelantando.

La extradición a Estados Unidos fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 17 de agosto. Después de revisar el material probatorio, el alto tribunal concluyó que existen méritos suficientes para que el acusado responda por sus delitos en una cárcel federal de Estados Unidos.

Es importante señalar que Córdoba es requerido por la corte federal del Distrito Sur de Nueva York y la decisión de su extradición quedó en las manos del presidente. En un periodo de 15 días, Gustavo Petro autorizará o no el traslado del hermano de la senadora desde la cárcel La Picota, en Bogotá, a los Estados Unidos.

El diario El Tiempo conoció el concepto de la abogada Ludy Valentina Santiago, quien hace parte de los representantes que defienden a Álvaro Córdoba. La jurista indicó que con “los procedimientos que se han llevado a cabo, al criterio del equipo de trabajo, se viola el principio de legalidad” y argumentó que a pesar de que el tratado de extradición está vigente, “no se puede aplicar porque no existe una ley que lo incorpore al ordenamiento interno”.

Seguido a ello, manifestó que la defensa está a la espera de la decisión del presidente. Asimismo, aspiran a que sea “minuciosa y detallada” conforme a lo establecido en la ley.

Cabe recordar que ese pronunciamiento se dio justo después de que el jefe de Estado le propusiera a la delegación de Estados Unidos una propuesta respecto a la política de drogas entre ambos países.

“Les propusimos que narcotraficante que no negocie con el Estado se va a extraditado, narcotraficante que negocie con el Estado y reincida, se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos”, explicó Petro. En ese sentido, aquellos involucrados en el negocio ilícito adquirirían beneficios jurídicos solo si se establece un diálogo y no pagarán una condena en el país norteamericano.

En contexto: Gustavo Petro asegura que “narcotraficante que no negocie con el Estado, se va extraditado”

La decisión de la Corte Suprema de Justicia

El pasado 3 de febrero agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional capturaron a Córdoba Ruiz en el barrio El Poblado, en Medellín, Antioquia. Fue arrestado en la Operación Coral junto con Libia Amanda Palacio y Alberto Jaramillo, señalados de brindar apoyo logístico a la subestructura de alias Gentil Duarte y alias Iván Mordisco de las disidencias de las extintas Farc.

Después de su captura, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, a nombre de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, solicitó el pasado 23 marzo formalmente la extradición de Álvaro Córdoba. Desde ese momento la Corte Suprema estaba estudiando el caso.

La Sala Penal accedió a la petición; sin embargo, no lo hizo por todos los delitos. El hermano de la senadora es acusado en Estados Unidos por realizar alianzas con delegados de carteles mexicanos y con alias Gentil Duarte. Sobre los hombros de Córdoba pesaban los cargos de narcotráfico y tráfico y porte de armas; sin embargo, solo será extraditado por el primero.

“Los cargos dos y tres contenidos en la acusación formal n.° 22 CRIM 121 dictada el 24 de febrero de 2022 ocurrieron en territorio colombiano”, explicó el alto tribunal en el fallo frente a la acusación por los delitos de tráfico y porte de armas. “En consecuencia, se impone una circunstancia constitucional que impide la extradición respecto de estas conductas delictivas en concreto y, por ese motivo, el concepto de la Corte por estos cargos habrá de ser DESFAVORABLE”, agregó.

SEGUIR LEYENDO:

Guardar