Deuda pública colombiana se incrementó en 137,23 billones de pesos en 2021

En la rendición de cuentas sobre la situación final de las finanzas públicas en la vigencia 2021, la Contraloría General de la República dio a conocer sus informes correspondientes, donde se destaca el incremento de la deuda en 137,23 billones de pesos, al pasar de 737,65 billones de pesos en 2020 (73.9 % del PIB) a 874,88 billones de pesos (o sea el 74.3 % del PIB).

El contralor delegado para Economía y Finanzas Públicas, Carlos David Castillo, encargado de esta rendición de cuentas, resumió así los resultados de los Informes de Deuda Pública, Situación de las Finanzas y Cuenta del Presupuesto y del Tesoro:

Los registros de la Contraloría muestran que al cierre de 2021 la deuda total del sector público colombiano contabilizó 874,88 billones de pesos, correspondiente al 74,3 % del PIB.

Respecto a diciembre de 2020, la deuda total del sector público aumentó en términos nominales 137,23 billones de pesos (18,6%). En 2021, dentro de la deuda total 399,90 billones de pesos correspondieron a deuda externa (34,0 % del PIB) y 474,97 billones de pesos a deuda interna (40,3 % del PIB).

Al cierre de 2021 el saldo de la deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) alcanzó 710,71 billones de pesos, y de esta 291,84 billones de pesos correspondieron a endeudamiento externo (41,1 % del total) y 418,87 billones de pesos a deuda interna (58,9 %). Al comparar con diciembre de 2020 la deuda total del GNC aumentó en 112,42 billones de pesos (18,8 %).

La deuda externa presentó en el acumulado anual un incremento de 62,17 billones de pesos y la deuda interna registró un aumento de 50,25 billones de pesos. En tanto, el indicador deuda a PIB cerró 2021 en 60,4 % frente al 59,9 % de 2020, es decir un aumento de 0,5 puntos porcentuales del PIB.

El pago por servicio de la deuda del GNC en 2021 ascendió a 73,84 billones de pesos (6,3 % del PIB), de los cuales 41,16 billones de pesos correspondieron a amortizaciones y 32,68 billones de pesos a pago de intereses y comisiones.

El nivel de deuda pública del Gobierno Nacional Central (GNC) alcanzó un nivel histórico en 2021, por lo que para la Contraloría es necesario evaluar las condiciones para su sostenibilidad en el mediano plazo.

La deuda pública de las entidades descentralizadas nacionales pasó de un monto total en 2020 de 74,51 billones de pesos a 93,79 billones de pesos. Este aumento de 19,28 billones de pesos fue impulsado por dos sectores: minería y energía.

La deuda de las entidades descentralizadas territoriales ascendió en 2021 a 48 billones de pesos. El Grupo EPM, Grupo Energía de Bogotá y la empresa Metro de Medellín registran en este ámbito los mayores porcentajes de endeudamiento.

La deuda de departamentos y municipios ascendió a 22,38 billones de pesos al cierre de 2021. La deuda de los departamentos llegó a 5,67 billones de pesos (25,3 % del total), la de las capitales a 12,65 billones de pesos (56,5 % del total) y la de los municipios no capitales a 4,06 billones de pesos (18,1 % del total).

En este informe se estudió el resultado fiscal presentado por el Sector Público Consolidado (SPC) junto con los acontecimientos macroeconómicos que influenciaron las finanzas públicas colombianas.

De acuerdo con órgano de control, el balance fiscal del Sector Público Consolidado (SPC) en 2021 fue deficitario en 82,13 billones de pesos (6,98 % del PIB), con una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente al presentado en 2020. Este resultado fue producto de la suma de los balances fiscales del Sector Público No Financiero (SPNF) (- 82,66 billones de pesos) y el sector público financiero (SPF), representado por el Banco de la República y Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -Fogafín- (0,53 billones de pesos).

Los gobiernos territoriales (municipios capitales, departamentos y municipios no capitales) registraron en 2021 un superávit de 4,37 billones de pesos (0,37 % del PIB), destacándose los municipios no capitales con un superávit de 3,02 billones (0,26 % del PIB), reflejando un bajo dinamismo en la ejecución del gasto.

El Sistema General de Regalías (SGR) presentó un superávit de 3,85 billones de pesos en 2021 (0,33 % del PIB) resultado de un mayor recaudo de ingresos dado el comportamiento de los precios del petróleo y del carbón, así como por el proceso de devaluación presentado en la vigencia.

Otros sectores del Sector Público No Financiero con superávit en 2020 fueron los Establecimientos Públicos Nacionales (0,29 % del PIB) y seguridad social (0,28% del PIB). El resultado fiscal en seguridad social obedeció principalmente al comportamiento de los fondos de pensiones. En general, las finanzas del Sector Público Consolidado muestran el proceso de recuperación del choque sufrido por los efectos de la pandemia, al presentar un mayor dinamismo en los procesos de recaudo de ingresos frente a las dinámicas de gasto público.

El presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2021 fue aprobado equilibrado en sus fuentes y usos por el Congreso de la República, el cual estableció para la vigencia 2021 un aforo inicial de 314 billones de pesos.

Durante 2021 se realizó una adición total neta por $29,98 billones, llevando el aforo vigente a 343,98 billones de pesos. En la vigencia 2021 los recaudos netos en efectivo ascendieron a 320,71 billones de pesos (27,2 % del PIB). Es decir, se recaudó el 93,2 % de lo estimado. Los ingresos netos de la Nación llegaron a 301,51 billones de pesos (92,7 % de la meta anual) mientras que los ingresos propios de los Establecimientos Públicos alcanzaron 19,21 billones de pesos (102,5 % de la meta anual).

En cuanto a los Gastos, anotó la Contraloría, las apropiaciones aprobadas fueron iguales al ingreso por 314 billones de pesos. El Gobierno revisó al alza el presupuesto y al cierre de 2021 se registró un presupuesto definitivo de 343,94 billones de pesos. De ese monto, se comprometieron 323,79 billones de pesos, con la siguiente distribución: Funcionamiento (207,66 billones de pesos), Inversión (56,48 billones de pesos) y Servicio de la Deuda (59,65 billones de pesos).

La Tesorería, por su parte, cubrió su déficit con crédito externo e interno, con las utilidades del Banco de la República y utilizó los recursos de caja y del portafolio (incluido el del Fondo de Mitigación de Emergencias -Fome-) que tenía al cierre de 2020. Los recursos de los Fondos Administrados por la Tesorería aumentaron, especialmente por el Sistema General de Regalías (SGR) y y el Fondo de Contigencias (Foncontin).

Durante la vigencia 2021, la Contraloría auditó 310,13 billones Fome, que corresponden al 90,6 % del total de la apropiación vigente del Presupuesto General de la Nación y la ejecución del rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2020, con 70 unidades ejecutoras incluidas en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal PVCF 2022.

Por tanto, la CGR consideró que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada por lo que concluye que las incorrecciones fueron materiales y generalizadas en la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro de la Nación, por lo tanto, emite una opinión no razonable para la vigencia 2021.

La CGR evidenció incorrecciones que sumaron 49,30 billones Fome, 14,3 % del presupuesto definitivo, siendo las de mayor importancia las siguientes:

• Aforo de recursos aprobados para el Fome en la vigencia 2021, cuando debieron figurar como pérdidas de apropiación de la vigencia 2020 en el rubro transferencias por 18,5 billones de pesos. Lo anterior, mediante Decreto 085 del 26 de enero de 2021, en una operación violatoria del principio de anualidad.
• Mayor costo fiscal por el efecto cambiario y la tasa de interés en cuantía por determinar, ya que se cubrieron pagos del servicio de la deuda interna con recursos del crédito externo por 6,39 billones de pesos.
• Incumplimiento de los principios presupuestales de anualidad y universalidad en el manejo del pago del servicio de la deuda pública interna en 2021, pues se constituyeron reservas por 5,3 billones de pesos que se utilizarán para cubrir el servicio de la deuda de la vigencia 2022, en una operación de manejo de la deuda externa.
• Incumplimiento del Artículo 78 del Decreto 111 de 1996 respecto a los límites de las reservas presupuestales constituidas, sobrepasando el 2 % de gastos de funcionamiento y el 15 % de los gastos de inversión por 5,85 billones de pesos, pues las reservas totales se excedieron en un 2,6 % de los gastos de funcionamiento y un 2,5 % de gastos de inversión.
• Contravención del Artículo 89 del Decreto 111, al permitir constituir reservas que correspondían a anticipos pactados o a bienes y servicios ya recibidos, los cuales debieron registrarse en cuentas por pagar, sobrestimando así las reservas en 4,47 billones de pesos. Los anteriores hechos estuvieron enmarcados en el artículo 27 de la Ley 2159 de 2021 (Ley de Presupuesto General de la Nación vigencia 2022), lo cual se contrapone al reflejo de la realidad presupuestal, solo con el propósito de presentar un mejor déficit fiscal.
• Deterioro de préstamos por cobrar por 5,03 billones de pesos correspondientes a préstamos de la Nación a Electricaribe. Este saldo surgió de la asunción de la deuda por parte de la Nación que Electricaribe tenía con el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos.
• Incorrecciones evidenciadas en las auditorías individuales por 3,76 billones de pesos, de las cuales 0,88 billones de pesos correspondieron a incumplimientos en la constitución de reservas y destacándose también la vulneración de los principios de planificación, anualidad y sostenibilidad y estabilidad fiscal.
• Un total de 35 fallos con responsabilidad fiscal contra entidades territoriales y operadores del Programa de Alimentación Escolbar (PAE) hacia seis departamentos, 17 municipios y una entidad del orden nacional por 7.901 millones de pesos.
• Y un total de 62 hallazgos con presunta incidencia fiscal por 32.282 millones de pesos como resultado de 17 actuaciones especiales de fiscalización a la gestión de los planes departamentales de agua en Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sucre, Tolima, Vaupés, Vichada, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, Magdalena, Nariño, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.

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