La Fiscalía General de la Nación le solicitó a un juez de la República, por segunda ocasión, la preclusión del caso que existe en contra de los empresarios Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo y Gilberto Ramírez Varela, representantes de Megaland S.A.S.y Buisiness M&E, respectivamente. Ambos son acusados de haber lavado dinero en el conocido escándalo de Odebrecht.
Según el ente investigador, no tiene pruebas en contra de los procesados para sustentar su culpabilidad en un juicio. Ese argumento fue debatido por la Procuraduría General de la Nación, pues no tendría sentido que a los empresarios se le hayan imputado los delitos, sean llamados a responder ante un tribunal y luego se pida la preclusión. “La Fiscalía no puede llegar a juicio a averiguar qué fue lo que pasó, ya debió haberlo averiguado”, agregó el Ministerio Público.
Es importante recordar que la primera vez que se negó la preclusión, el juez destacó que Saldarriaga y Ramírez serían fichas clave de Roberto Prieto, el exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y procesado por el escándalo de Odebrecht. Por su parte, la Fiscalía manifestó que Prieto habría utilizado la amistad con ambos empresarios para llevar a cabo las actividades ilícitas en favor de la multinacional.
Según Caracol Radio, en el expediente judicial de los procesados están los movimientos financieros que los vincularían con el lavado de activos.
Saldarriaga cobró cheques por más de 750 millones de pesos como gerente de Megaland S.A.S y ese dinero habría llegado a Roberto Prieto. Ramírez Varela recibió del empresario Eduardo Zambrano ―también implicado en el caso Odebrecht― un cheque de 280 millones de pesos, que fue recogido por el mensajero de Marketmedios por petición de José Roberto Prieto.
Lo cierto es que luego de una investigación realizada por un cuerpo élite de la Fiscalía, se encontraron pruebas para demostrar que Roberto Prieto intervino en la obtención del contrato de un puente en la Ruta del Sol 3 y se habría quedado con el 10 %. Según esas indagaciones, el exgerente de la campaña presidencial de Santos recibió dinero en efectivo y transacciones bancarias del dinero del subcontrato que no se ejecutó jamás.
La primera solicitud de preclusión
El pasado 30 de noviembre de 2021 un juez de la República negó la primera preclusión que solicitó la entidad de control. El togado cuestionó al ente investigador porque, después 30 días de hacer la petición, aseguró que los empresarios eran inocentes.
“Frente a la inexistencia del hecho investigado se observa que los elementos traídos a la hipótesis central de la argumentación del ente acusador radica en que existió el hecho imputado”, explicó el juez. Seguido a ello señaló que en los interrogatorios de Prieto fue clara “la existencia de presuntos recursos ilegales, reflejando con esto la existencia de los elementos que podrían demostrar actuaciones que deberán ser debatidas en juicio oral”, agregó.
En ese momento, la FM destacó que una gran suma de dinero que habría terminado en los bolsillos de Roberto Prieto fue producto de varios cheques firmados por los dos empresarios que la Fiscalía pretendía sacar de la investigación.
Cabe recordar que el pasado 17 de abril Prieto quedó en libertad. El presidiario fue condenado a cinco años de cárcel en 2019 y salió gracias al preacuerdo que logró con la Fiscalía y por lograr las reducciones de pena por cuenta de su trabajo y buen comportamiento en el centro penitenciario.
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