Habilitan un carril en la vía Buga-Buenaventura, pero nuevos bloqueos siguen afectando la movilidad

La Organización Regional Indígena del Valle del Cauca sostuvo reuniones con el Gobierno nacional que terminaron con la habilitación de uno de los carriles, pero el boqueo sigue

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Los bloqueos persisten en el
Los bloqueos persisten en el sector de La Guinea, en el municipio de Dagua. EFE/Ernesto Guzmán Jr

En la mañana de este miércoles, las autoridades reportaron que los manifestantes que bloquean la vía Buga - Buenaventura, a la altura de sector de La Guinea, en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, habilitaron el paso por un solo carril, luego de las reuniones que sostuvo la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC) con una delegación del Gobierno nacional.

Rigoberto Lasso, secretario de Asuntos Étnicos del Valle, y Lía Patricia Pérez, directora jurídica de la Gobernación del departamento, atendieron los reclamos de la comunidad. “Para el día jueves tendrá el Viceministerio del Interior una respuesta directa frente a la petición del registro de representación legal de la organización indígena”, indicó Lasso.

Sin embargo, durante el miércoles también se reportaron nuevos bloqueos que generaron congestión vehicular. Cabe recordar que el motivo de esta protesta, según manifestó Linderman Andrada, consejero mayor y representante legal de la ORIVAC, es por una inconformidad con el Ministerio del Interior.

“Tenemos unos pendientes con el Ministerio del Interior y últimamente se suma a este pliego de peticiones la gobernación del Valle del Cauca, por un obstáculo jurídico que están poniendo para contratar lo que es la infraestructura con las comunidades indígenas”, indicó Andrada en declaraciones recogidas por El Espectador.

“A unos 70 metros pasa la vía que comunica a todos los campesinos, indígenas y es un puente colgante que no se le puede meter más de bestias de carga porque pone en riesgo a la gente y los niños que van al colegio”, explicó el líder indígena para la emisora Blu Radio.

Además, el líder indígena declaró a la misma emisora que la inconformidad también tendría que ver con que no han sido reconocidos como resguardo. “Con el Ministerio del Interior tenemos un tema que es el reconocimiento de existencia y representación legal, porque el Gobierno tiene esa responsabilidad de reconocer quién es indio y quién no y eso nos ha afectado inmensamente”.

Esta vía se encuentra bloqueada por segunda vez en diez días. En la ocasión pasada, el bloqueo fue en el sector de Los Tubos. De hecho, el pasado 9 de agosto convocaron una minga. Ese mismo día, enviaron una solicitud al Ministerio del Interior para que respondiera acerca de la modificación de unas leyes relacionadas con obras de infraestructura, pero no obtuvieron respuesta, por lo que ahora exigen la presencia de un delegado en la zona. “Ante la falta de respeto e incumplimiento por parte del Ministerio del Interior, al igual que la Gobernación del Valle del Cauca, la minga fue convocada desde el pasado 9 de agosto”, ese lee en una circular de la ORIVAC.

De igual forma, en el mismo comunicado, la organización manifestó que “la disposición del diálogo sigue y seguirá existiendo. No permitiremos que irrespeten el Derecho, la Autonomía y el buen nombre de nuestra Organización Indígena”.

Además, ORIVAC denunció que los grupos al margen de la ley no paran de intimidar y amenazar a los líderes indígenas del departamento. La organización indígena manifestó que el último caso fue un documento en el que se declaró como objetivo militar a Emilio Valencia, consejero de Derechos Humanos, Paz y Guardia de la ORIVAC, en el que le advertían su salida del territorio en un tiempo estimado a 24 horas, de lo contrario acabarían con su vida.

De igual manera, hicieron un llamado para que acompañen y brinden garantías a la vida tras la vulneración de los derechos a los Pueblos y líderes de la organización, al Presidente de la República, Gustavo Petro, y Vicepresidente, Francia Márquez; al igual que a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González; la Defensoría del Pueblo; la Fiscalía General de la Nación; la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

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