Este martes 23 de agosto se conoció que la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la religiosa Catalina Cañón del delito de tortura agravada contra un niño de 9 años, estudiante de la Fundación Hogar Monserrate, un internado ubicado en la vereda Tilatá-El Sisga, en Chocontá (Cundinamarca). La audiencia preparatoria tendrá lugar el 5 de septiembre.
El caso de este menor se conoció el 20 de diciembre pasado. Fue dejado allí seis meses atrás, el 5 de julio de 2021, con el fin de que mejorara algunos problemas en su comportamiento y a nivel educativo, y tras recibir buenas referencias de este reformatorio, que contaba con buena reputación en la vereda. “Él estuvo de acuerdo y como una decisión de familia confiamos en el tratamiento que allí se impartía”, indicó la madre en aquel entonces.
Cuando el niño fue enviado a casa para pasar las fiestas de navidad, él le manifestó a su madre que tenía un dolor punzante en sus genitales, pero se negaba a mostrarle. “Llamamos a un tío para que hablara con él. Lo que pasó fue que quedó conmocionado, porque su pene estaba inflamado. Lo llevamos de inmediato al médico”, contó la madre.
El niño inicialmente fue llevado a urgencias en el Hospital de Engativá y de allí fue remitido al San José Infantil. Los médicos concluyeron que se trataría de un caso de tortura: le habían amarrado el miembro con cabello de mujer e hilo de color azul para que dejara de orinarse en la cama. Como consecuencia de la tortura, el niño tenía una infección severa en la vejiga y llevaba al menos diez días sin poder ir al baño.
Según dijo entonces la tía del menor, él pudo indicar con nombre propio a la religiosa que lo habría torturado, así como a un profesor que le pegaba con una rama de ortiga, una hierba que causa lesiones punzantes en la piel con el tacto. No obstante, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía analizó el ADN del cabello para que no quedara ninguna duda. También recogió fotografías y testimonios del personal del internado.
Asimismo, con el correr de los meses se ha sabido detalles adicionales sobre el lugar. Por ejemplo, que pese al prestigio con el que contaba en la localidad, no contaba con permiso para funcionar. Además, una ola de exalumnos afirmó que fueron cuatro menores también habían sido retirados del lugar por motivos desconocidos.
Esta situación fue rechazada por distintos sectores, incluida la Iglesia católica. Monseñor Héctor Cubillos, obispo de Zipaquirá, indicó a través de un comunicado que repudiaba el caso y ofreció su disposición para que se encuentren a los culpables.
“Manifiesto en nombre de la comunidad diocesana y en su propio nombre el profundo dolor y su firme repudio por esta actuación en contra de un niño, menor de edad, afectado por estas acciones de grave maltrato y daño a la integridad personal”, manifestó el alto jerarca de la comunidad católica.
“Esa fundación tendrá que ser objeto de alguna inspección de vigilancia y control de parte de las autoridades competentes”, aseguró Carlos Julio Gutiérrez, personero de Chocontá.
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